Un prejubilado del BBVA se querella contra FG y Goirigolzarri por delito societario y apropiación indebida. Desde Barcelona, reclaman años de cárcel para Sáenz, mientras Botín continúa pendiente de las cesiones de crédito
Los socialistas han aprendido que no se pueden conquistar las cúpulas bancarias y las grandes empresas privadas como en 1982 o en 1993. Sus dos grandes hitos de asalto al poder económico fueron Rumasa, por decreto, y luego Banesto. Es sabido que en uno y otro, especialmente en el primero, se dejaron jirones de prestigio ante todo el mundo o supusieron un precio imposible para las arcas estatales.
No, ahora la consecución de una nueva "Beautiful People" esta vez para Zapatero, debe hacerse por otros procedimientos: utilizando cajas de ahorros, donde los políticos influyen mucho más, o aún mejor: por querellas judiciales.
Últimamente, los dos dirigentes de los dos grandes bancos, SCH y BBVA, no hacen más que pasar por juzgados. Emilio Botín sigue pendiente de sus dos grandes causas: cesiones de créditos e indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui.
Más importante la primera, por una cuestión: el juicio va a ser largo, como larga ha sido la instrucción del sumario. Seguramente más de un año, dado que la Asociación de Defensa del Inversor ha solicitado la presencia de más de 200 testigos. Además, los propios clientes del Santander, los acusados de ocultar dinero a Hacienda, serán los que se revuelvan contra el instrumento, contra Emilio Botín y otros directivos. ¿De verdad puede soportar esa tensión de un año de banquillo el presidente de un gran banco? Cuando menos, parece complejo.
Pero es que su consejero delgado, Alfredo Sáenz, un ejecutivo bancario muy eficaz, arrastra el caso de la presunta elusión fiscal por las acciones que Emilio Botín les regaló en pago por el reflotamiento de Banesto. Hora y cuarto le tuvo la fiscal a Sáenz respondiendo a preguntas.
Y no es el caso más grave. Mucho más relevante resulta la querella presentada en Barcelona, por el encarcelamiento de los accionistas de una empresa morosa de Banesto, con el inefable juez Pascual Estevill de por medio.
Y ahora Francisco González, presidente del BBVA, se suma a la rueda. Por de pronto, Ya sabemos más acerca de la querella presentada por un antiguo trabajador del Banco Exterior: apelando a los artículos 252 y 295 del Código Penal, se ha querellado contra el presidente del BBVA, Francisco González, y el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, por delito societario y apropiación indebida. Todo ello tras hacerse público los sueldos y los fondos de pensiones de ambos banqueros. Por cierto, los 28,8 millones de euros que FG tenía acumulados a finales del pasado año para su futura pensión resulta que superan en más de siete millones los 21,9 millones de euros que se colocaron en el paraíso fiscal de Jersey para pagar pensiones de consejeros de 22 miembros del Consejo del BBV que fueron fulminantemente destituidos por FG. Es decir, sólo su pensión supera lo invertido para 22 miembros que perdieron el cargo, tras los que FG se quedó en solitario con
A ello se une el proyecto de prejubilados y trabajadores en activo del Exterior (hasta 4.400) que han visto cómo se reducía (o reducirán) sus complementos de pensiones, toda vez que el banco ha conseguido que los sindicatos firmaran el cambio desde el sistema de prestación definida al de aportación definida. Uno de los afectados, aunque no posee las cifras, considera que, durante toda la vida activa y prejubilar de esos 4.400 trabajadores, el banco se puede ahorrar cientos de miles de euros. El asunto puede acabar en querella.
