El Gobierno regional madrileño, que preside la popular Esperanza Aguirre, ha decidido, en plena burbuja inmobiliaria, subir el precio de la vivienda pública. Aseguran sus portavoces que lo hace por el bien de la ciudadanía, dado que, de otra forma, los promotores se niegan a construir este tipo de viviendas subvencionadas para economías poco saneadas.
Pero lo cierto es que si se quiere que los promotores acepten el margen, el Gobierno puede subvencionar más ese tipo de vivienda, en lugar de elevar el precio al consumidor. Una de dos: o paga el Gobierno o paga el ciudadano. Por nuestro bien, Aguirre ha decidido que pague el ciudadano.