Los que más sufren son autónomos y Pymes.
La ley de morosidad que se aprobó en julio del año pasado se vio con buenos ojos por parte de todos, especialmente las Pymes españolas. Con la nueva ley, una de las consecuencias prácticas más importantes era la delimitación del plazo de pagos, de manera que muchas empresas pudieran cobrar de entidades locales o autonómicas con mayor presteza.
Sin embargo, pese a las buenas intenciones, parece ser que la norma no se ha cumplido y siguen las mismas problemáticas con otras añadidas, y así lo ha manifestado CONFEMETAL en una de sus últimas notas informativas. Por un lado, los problemas de interpretación de la ley, ha generado dificultades en su aplicación ya que podrían darse contradicciones con respecto a otras leyes, como en el caso del sector de distribución comercial.
Pero además, otro factor que incide en la falta de efecto práctico es la problemática derivada de la actual coyuntura económica, que dificulta el cumplimiento de los plazos de pago.
Por lo tanto, el Gobierno debe seguir esforzándose por luchar contra la morosidad, no sólo de empresas privadas, sino también de administraciones públicas de manera que revierta una situación dramática de consecuencias nefastas para las Pymes, que están completamente a expensas de cobrar lo servido a entidades locales, autonómicas o estatales.
Andrés Velázquez
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