Estoy convencido de que la familia es la última barrera entre un Estado que intenta imponer una forma de vivir a los ciudadanos y estos.
Unos padres andaluces, apoyados en miles de sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, decidieron proteger a sus hijas de la imposición ideológica que supone EPC manteniendo su objeción de conciencia a pesar de las Sentencias del Tribunal Supremo que, pendientes de recurso, contradicen a la mayoría de los máximos órganos jurisdiccionales.
Ahora, el Claustro del Instituto, y la Junta de Andalucía, sin esperar a lo que deciden el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que zanjarán el asunto, han decidido hacer perder a estas dos buenas estudiantes, un año de sus vidas negándoles el derecho a la promoción.
Por fortuna, estas dos niñas tienen padres que se van a ocupar de que esta decisión sectaria tenga el menor efecto sobre ellas, pero ¿Quién responderá de los perjuicios causados si al final el TC da la razón a los padres? No parecería justo que se les indemnizara con los impuestos de todos por el uso sectario y partidista de unos pocos ¿o sí? ¿Asumirán su responsabilidad personalmente estos tolerantes si al final la Justicia les quita la razón?
Fernando de Pablo Gómez
