Así que volvamos a los salarios. Desde que Emilio Botín comprara con dinero del banco la marcha de sus rivales Amusátegui y Corcóstegui (no, no es la delantera del Athletic de Bilbao) por 44 y 110 millones de euros, respectivamente, los blindajes se pusieron de moda en España. Entre otras gabelas, ahora que está mal vista la participación en beneficios, los altos ejecutivos hacen su fortuna si logran permanecer el tiempo necesario en la cúpula de las entidades, y se enriquecen por cuatro vías distintas. A saber: sueldos, sobre-sueldo (ahora llamados retribución variable o ‘bonus'), pensiones y blindajes. Todo ello a costa de los accionistas, por quienes dicen desvelarse cada día intentando incrementar su patrimonio. El caso arquetípico es Francisco González, presidente del BBVA, el hombre que se ha auto asignado las mejores retribuciones de toda la empresa española con una participación absolutamente mínima en la entidad. Además de su sueldo (el año pasado, con ‘bonus' extra, fue de 9,7 millones, este ejercicio ha bajado hasta 4,5, pero no se preocupen, que el próximo volverá a subir, más 61 millones de pensión -sí, han leído bien- acumulada hasta el 31 de diciembre de 2007, pensión que se meterá en el bolsillo de cualquier forma y que antes de jubilación, a los 70 años, bien podrían alcanzar, al ritmo actual, los 180 millones de euros), se suma un blindaje por cinco años de salario, que según él mismo, en 2010 superaría los 80 millones de euros.
Y todo ello, fíjense bien, lo hace FG por el accionista.
Pues bien, para poner límite a este desafuero, lo único que ofrece el regulador de mercados es un prospecto en el que sólo hay que decir cuánto cobran los consejeros ejecutivos y los no ejecutivos. Eso sí, sin individualizar. Además, los grandes ‘mamoneos' no se dan entre los consejeros, sino entre los directivos. Y sobre estos, salvo que estén en el Consejo, nada se dice.
Pero es que no se trata, sólo de aumentar la transparencia a los ejecutivos o de individualizar las retribuciones de los consejeros. Eso también, pero resulta claramente insuficiente. No se trata de transparencia sino de autorización: son los accionistas quienes deben aprobar las retribuciones de consejeros y directivos. Eso sí sería dar a cada uno lo suyo, porque en una empresa pequeña, es decir, normal, es el propietario quien decide los salarios de sus colaboradores más próximos.
Es la gran revolución pendiente, pero no se apuren, que el muy progresía Julio Segura, el aún más progresista, casi encarnado, Carlos Arenillas, no plantearán la reforma. Quizás porque, sobre todo el segundo, siente la irresistible querencia a solidarizarse con los de su clase: los millonarios rentistas.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com