La estrategia del Gobierno nacional y del Tripartito catalán es reducir el aborto quirúrgico mediante el aborto químico. La gran apuesta es la extensión de la píldora del día después, a la que también se ha sumado con entusiasmo digno de mejor causa el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
La Generalitat no es ajena. A partir del próximo otoño, el Departament de Salut -que como todos saben pasa por una saneadísima situación financiera- invertirá 400.000 euros en píldoras del día después para evitar los embarazos no deseados de adolescentes. Las 30.000 píldoras anuales se repartirán en ambulatorios y hospitales.
La Consellería de Salut afirma que se trata de un anticonceptivo hormonal. Una conocida mentira, porque el consenso científico asegura que la píldora es abortiva en el 75% de las ocasiones. Así lo asegura la Federación de Planificación Familiar de España (FPFE) que la define como un método de prevención "pero no un método anticonceptivo en sentido estricto". La FPFE asegura también que la píldora impide la implantación de un posible óvulo fecundado. O sea, que es abortiva. ¿Se preocuparán los técnicos de la Generalitat de cumplir con los tres requisitos despenalizadores contemplados en la Ley, o como siempre?
