Sr. Director:
La denuncia constituye un intento de instaurar una "policía de las ideas" y de incriminar a todo el que ose sostener una tesis contraria a los intereses de las asociaciones homosexuales, lo que supone una vulneración frontal de la libertad de expresión y una forma de represión intelectual.
El Centro Jurídico Tomás Moro señala, en primer lugar, que el "delito de homofobia" no existe en cuanto tal en nuestro Código Penal. El tipo delictivo que pudiera ser más próximo es el previsto en el artículo 510 del CP que sanciona a quienes provoquen a la discriminación por razón de la "orientación sexual".
Como es evidente, afirmar la naturaleza intrínsecamente heterosexual del matrimonio no constituye una discriminación frente a los homosexuales. El propio Tribunal Constitucional ha declarado, en reiteradas sentencias, que una diferenciación en el trato jurídico sólo supone una discriminación cuando es arbitraria y no está justificada por razones objetivas.
Obviamente la unión permanente y estable entre un hombre y una mujer presenta características objetivas específicas que la distinguen por completo de otras posibles relaciones interpersonales, en particular, la posibilidad de engendrar, criar y educar a los hijos, con lo que desempeña una función social de primer orden. Basándose en esta característica específica, el Derecho, desde tiempos inmemoriales y en todas las culturas, ha creado una institución jurídica –el matrimonio– como marco estable para la familia. No es, por tanto discriminatoria la afirmación de que el matrimonio es esencialmente heterosexual, por lo que las posibilidades de que prospere la denuncia de las asociaciones homosexuales son nulas.
El lobby homosexual no puede invocar un derecho a moldear a su antojo la regulación de la institución jurídica matrimonial.
En realidad, el lobby homosexual pretende establecer una policía de las ideas criminalizando a todo el que ose sostener alguna tesis contraria a sus intereses. Ello supone un intento de ejercer una represión y censura intelectual que vulnera frontalmente la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución.
Es sencillamente absurdo que se pretenda imputar penalmente a quienes, como el Arzobispo de Santiago, sostienen que no debe modificarse el régimen legal vigente actualmente en España y en la mayoría de los países del mundo. Millones de personas comparten esta tesis por lo que, de resultar fundada la denuncia de
Víctor Lozano
vlozano@hazteoir.com
