Nuevo varapalo para los Señores de la Prensa agrupados en la asociación Gedeprensa. La Audiencia Nacional ha negado su petición de anular la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), según la cual los clipineros (empresas dedicadas a realizar resúmenes de prensa) no conculcan el derecho de cita. El TDC también advertía que lo que pretendían los grandes editores (Prisa, Vocento, El Mundo, Recoletos y La Vanguardia) no era otra cosa que la creación de un monopolio del resumen de prensa, y que ese monopolio no estaba justificado por ninguna razón.
Naturalmente, los grandes editores recurrieron a la Audiencia Nacional. Pero tanta era su prisa que solicitaron a la Audiencia revocara la resolución del TDC. Los muchachos estaban tan seguros de ganar que alegaban que la decisión del Tribunal de la Competencia les estaba haciendo perder mucho tiempo, es decir, mucho dinero. Pues bien, la Audiencia ha decidido no ha lugar. Por el momento, Gedeprensa se queda sin monopolio y tendrá que esperar a que este órgano judicial dictamine sobre el fondo de la cuestión. Un nuevo varapalo para los grandes editores, cuyos pormenores pueden ustedes seguir en la página web de la asociación de clipineros (AESIP), www.aesip.net.
La verdad es que el nuevo Gobierno socialista se ha mostrado tan proclive como el ejecutivo Aznar a las tesis de los grandes editores. Es decir, como siempre. Sin embargo, no deja de sorprender que el Gobierno apoye a Gedeprensa, dado que el negocio que buscan los Polanco, Bergareche, Pedro J. Ramírez, etc, tiene por principal pagano a la Administración pública, que es la que más resúmenes de prensa realiza. Para que se hagan una idea, la facturación total de las entidades de las empresas dedicadas a hacer resúmenes de prensa no alcanzan hoy los 12 millones de euros. Pues bien, la facturación prevista por los grandes editores se eleva a 90 millones de euros. La diferencia entre ambas cifras la pagarán las administraciones públicas y, muy especialmente, la Administración de Justicia. En otras palabras, el Gobierno apoya a los grandes editores contra sus propios intereses y, muy especialmente, el de los contribuyentes.
Gedeprensa sólo es un pequeño caso dentro de un negocio mucho más importante como es la gestión de la propiedad intelectual. Intermediarios de todo tipo han surgido como hongos para llevarse la parte del león en el cobro de los derechos de escritores, compositores, artistas, cineastas, etc. Un negocio cada vez más floreciente, que se realiza en nombre de los sacrosantos derechos de autor. En España, el intermediario más poderoso es la SGAE. Pues miren, qué casualidad, el próximo 1 de diciembre la SGAE ha organizado un seminario sobre Propiedad Intelectual, que clausurará la ministra de Cultura, Carmen Calvo. Su persona de confianza, la secretaria general técnica del Ministerio, Carmen Becerra, está elaborando la nueva Ley de Propiedad Intelectual de la que se sospecha que apoyará sin fisuras a los intermediarios de la propiedad intelectual, que amenazan con mover más dinero en el futuro que los intermediarios financieros. Si coincidirán en este punto socialistas y populares que el subdirector general de Propiedad Intelectual, Pedro Colmenares, se mantiene en su cargo tras la llegada al poder de los socialistas.
