Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que modifica y mejora la vigente regulación. El nuevo texto obedece al desarrollo de una directiva comunitaria relativa a la asistencia letrada gratuita y tendrá aplicaciones en materias civiles, mercantiles y laborales.
Según la nueva regulación, podrán acogerse al turno de oficio español tanto los ciudadanos de otros Estados miembro, como los residentes legalmente en cualquiera de los 25 países de la UE. Además, según explicó De la Vega, se ampliarán algunas prestaciones como la interpretación, la traducción de algunos documentos y el desplazamiento de los litigantes. "Un suizo residente legalmente en Francia podrá tener asistencia letrada gratuita en España", ejemplificó la vicepresidenta del Gobierno. Una escena muy europeísta e integradora. Pero bajo la misma ley, un argelino residente en Francia también tendrá derecho a asistencia letrada en España. Y eso ya suena un pelín diferente.
De momento, el Gobierno ha pedido un informe al CGPJ, al Consejo General de la Abogacía, y al Colegio de Procuradores. A los mejor, a los profesionales del derecho no les parece tan oportuno prestar estos servicios. Mucho menos si el Gobierno no mejora la dotación con el que el Colegio remunera el "altruista" turno de oficio.
