El Instituto de Política Familiar (IPF) ha puesto sobre la mesa un dato relevante hasta ahora no contemplado en el debate sobre la regulación de las separaciones y divorcios. El Gobierno pretende agilizar el divorcio eliminando el año obligatorio de separación que la legislación establece como previo al divorcio. Dicho periodo fue establecido por el legislador con la esperanza de que durante ese tiempo la reconciliación fuese posible.
Y la esperanza no es vana, porque si hubiera fracasado el intento legislativo de conciliación mediante la transitoria separación, la cifra de separaciones de un año debería de coincidir con la de divorcios al año siguiente. Y no es así. Cerca de un 35% de las separaciones no terminan en divorcio. Según las estimaciones del IPF, entre un 5-10% se trata de parejas que consolidan su separación y no dan el paso definitivo del divorcio. Además, entre un 20-25% de las parejas separadas logran la reconciliación. Una reconciliación que sería imposible en caso de que se instituyera el "divorcio-express" que anuncia el Gobierno.
El presidente del IPF, Eduardo Hertfelder, aboga por apoyar los Centros de Orientación Familiar (COF) en la línea de lo recomendado por el Consejo de Europa en sendos informes de 1974 y 1980. "Se trataría de que
