Mientras el Gobierno Aznar sigue remoloneando y haciéndose el sueco para no cumplir la Directiva europea de aplicación del Tratado de Kioto, la compañía Iberdrola continúa provocando. Su consejero delegado, Ignacio S. Galán, y su equipo directivo han dejado claro que ellos han hecho los deberes, que han invertido en energías menos contaminantes (sobre todo, gas y parques eólicos) y no están dispuestos a que no se les reconozca el esfuerzo. Dicho en otras palabras: exigen que se aplique la Directiva comunitaria en sus plazos previstos, lo que, evidentemente, perjudica a sus competidores Endesa y Unión Fenosa. Todo ello en vísperas de que el Gobierno decida si vuelve a retrasar la aplicación de la directiva comunitaria, y lance el Plan Nacional de Asignación.
Iberdola afirma que ella, junto a otras empresas productoras de electricidad, no integradas en la patronal UNESA, son las que han invertido el 73% en las centrales de ciclo combinado, mientras que el resto de UNESA se ha quedado en el 27%. Y ese mismo grupo, Iberdrola más las no UNESA, han invertido el 85% en parques eólicos, frente al 15% de Endesa y compañía. Esto es tanto como decir que Iberdrola le está pidiendo al Gobierno Aznar mano dura con su propio sector al grito de "el que contamina paga, y el que contamina más paga más".
En resumen, Iberdrola calcula que si España continúa emitiendo gases contaminantes al ritmo actual, en 2010, cuando habrá que empezar a pagar la sobre emisión de gases, estaremos produciendo 408 millones de toneladas de CO2, lo que nos costará 1.500 millones de euros anuales, es decir, el 1,1% del gasto público español y el 0,2% del PIB. España, en el actual modelo, se comprometió a emitir 331 millones de toneladas de CO2 en 2010. Pues bien, en 2001, emitía 383.
Ignacio S. Galán realmente no va a hacerse popular entre sus colegas.
Al mismo tiempo, y como resumen del ejercicio, hay que decir que Galán ha conseguido llevar a cabo su gran proyecto inversor. En 2003, invirtió 2.629 millones de euros, de los cuales sólo 900 son producto de desinversiones. Su beneficio de explotación se elevó hasta los 2.617 millones, un 9,1% más que en 2002. Invirtió y, al mismo tiempo, redujo deuda, mientras mejoraba el rendimiento sobre recursos propios (ROE). Sólo un punto débil, la cifra de negocio se redujo en un 1%. Y otro punto que, más que débil, hubiese sido sencillamente suprimible: Iberdrola ha provisionado en 2003, 450 millones de euros para prejubilaciones.
Precisamente, esa solidez en los resultados puede ser el punto débil de la segunda eléctrica española. Ahora mismo, es la eléctrica más deseada y también la más vulnerable a toda posible OPA hostil, especialmente después de que el BBVA mostrara su intención de salir. Por eso, la empresa presidida por Íñigo Oriol está empeñada en crear un núcleo duro a base de cajas de ahorros. En estos momentos, hay tres cajas de ahorros en su accionariado y otras siete negociando su entrada. Pero los enemigos internos son menos peligrosos que los externos, que las grandes compañías energéticas europeas. En cualquier caso, se lo ha puesto difícil al Ministerio de Economía y ha conseguido, otra vez, lo que parece haberse convertido en uno de sus objetivos: irritar a la competencia.
Por cierto, en Iberdrola están muy contentos con su controvertida experiencia en PLC (servicios de telefonía a través del cable de la luz). Afirma que si no pueden crecer al ritmo que deseaban es porque no hay fabricantes que puedan producir los módem que necesitan ni instaladores capaces de colocarlos en los hogares. Pero siguen confiando en que el PLC siga siendo una alternativa a la banda ancha de los operadores de Telefónica, y desde luego, mucho más barato.
