El pasado viernes 10 informábamos sobre el posible aborto de una menor marroquí a la que, para salvaguardar su intimidad, llamábamos Fátima. Como recordarán, la chica estaba tutelada por la consejería de Familia y Asuntos Sociales, de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre (PP). Por ello, una comisión iba a resolver sobre el futuro de su embarazo el próximo martes 20. Conviene recordar que -lamentablemente- el aborto es considerado en toda España como una prestación sanitaria incluida en la cartera de servicios de la Seguridad Social. Y eso a pesar de que no se trata jurídicamente de un ‘derecho', sino de un delito despenalizado.
Dado este ‘status quo', y "aplicando el protocolo" de la Comunidad -y del resto de España- el expediente albergaba un informe de la empresa de abortos Dátor, donde se afirma que ellos podría practicar el aborto acogiéndose al supuesto despenalizador de la salud física y psíquica de la madre. Además, también había un ‘contrainforme' de la Fundación Vida donde ofrecía alternativas reales y dignas al aborto de la menor. Nuestra exclusiva ha provocado un intenso debate mediático. La gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, Paloma Martín, señaló que harían todo lo posible por salvar la vida del hijo y preservar la salud de la madre. Unas declaraciones que provocaron la airada reacción del PSOE y El País, abogando por el "derecho" de Fátima al aborto.
Muchos de nuestros lectores se han puesto en contacto con nosotros para preguntarnos qué se puede hacer. Lamentablemente ya no se puede hacer nada en el presente caso. Este viernes 24, por la tarde, Fátima sufrió un aborto natural, por lo que el caso queda cerrado. Un cliente menos para Dátor.
Pero es momento de reflexionar sobre el procedimiento del aborto en Madrid y en el resto de España, por el Protocolo. Resulta que la oficina del Servicio Madrileño de Salud que centraliza los abortos subvencionados con fondos públicos (ubicada en la calle Sagasta, 6. http://www.gservicios.sanidadmadrid.org/cap04/interrump_embarazo.htm) requiere del informe del centro que practicaría el aborto, en este caso Dátor, por ser un embarazo de menos de 12 semanas. En caso de tratarse de un bebé de más edad, los abortos son direccionados a Isadora, otro matadero
Como es lógico, el abortorio dictaminó que podría practicar el aborto acogiéndose al supuesto de la salud física y psíquica de la madre. Una clienta más. Así que es hora de replantear el precitado protocolo. Porque resulta evidente que el centro-matadero es juez y parte. Su imparcialidad profesional queda en entredicho igual que queda en duda la independencia de los psicólogos o psiquiatras que certifican el peligro para la salud psíquica de la madre en caso de seguir adelante con su embarazo. Estar a sueldo del centro que depende económicamente del informe no es la mejor manera de garantizar la independencia.
Por eso es el momento de plantear la necesidad de que los peritajes sean independientes. Que quien resuelva si es o no conveniente el aborto no sea quien se lucra de él, sino una comisión que realmente vele por el interés del menor. Y por otra parte, que la ley garantice que el informe que certifica el posible trastorno psicológico en caso de seguir con el embarazo, sea independiente, económicamente, del centro. De otra forma, esto es un pitorreo.
Por otra parte, conviene recordar que el aborto no es un derecho de la mujer, sino un delito despenalizado. Por eso, no se entiende que se incluy a en la cartera de servicios sanitarios de los hospitales públicos. Ni tampoco la razón por la que existen convenios de colaboración –o sea, de financiación a los abortódromos- entre las diferentes consejerías de Sanidad y los centros privados encargados de la masacre.
Además, no sobraría un mayor rigor administrativo sobre el fenómeno. Porque como ya hemos informado se practican abortos en hospitales públicos que no aparecen en los registros públicos del Ministerio de Sanidad. Y en segundo lugar, porque como también hemos informado en varias ocasiones, existen tremendas bolsas de fraude en relación al aborto. Como "lo que se comunica a Sanidad se comunica al Fisco", en el ministerio de Sanidad calculan que las cifras reales de abortos podrían duplicar o incluso triplicar las cifras de abortos registrados. ¿A qué espera la Agencia Tributaria para hincar el diente? Apostamos doble contra sencillo a que no lo hace.
Por último, ya es hora de proporcionar alternativas reales al aborto tal y como señala el artículo 9 del Real Decreto 2409/1986 que desarrolla la mal llamada Ley del Aborto. Pasados 21 años del mencionado RD, parece que ya ha llegado la hora de que el Estado social se ponga las pilas para proteger tanto la vida del no nacido como a la mujer con embarazo en dificultad.
La pasividad no nos hace más progresistas, sino más salvajes e incoherentes. El País en su edición del viernes, ‘informaba' sobre el caso de Fátima arremetiendo contra la Red de Madres de la Comunidad de Madrid (www.redmadres.org). En la página enfrentada, publicaba un reportaje sobre perros abandonados y maltratados. Asimétrica sensibilidad: todo el apoyo para los cachorros, ninguna para los no nacidos. Por cierto, El País, paradigma del objetivismo periodístico, ha mostrado amplias fotografías de los perros maltratos, pero nunca se ha atrevido a publicar ninguna foto de un embrión humano (http://www.health.state.mn.us/wrtk/wrtk-handbook-spa.pdf).
¿Miedo a la realidad?
