- El fallo del Tribunal de Justicia de la UE es vinculante: Ruiz Gallardón afirma que la sentencia se incorporará a la legislación española de inmediato.
- Un día antes de conocerse la disposición del Tribunal Europeo, Rajoy afirmaba que la dación en pago y la suspensión de la ejecución hipotecaria dañaría los futuros préstamos hipotecarios.
- Desde Europa señalan que la legislación española no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente las abusivas cláusulas.
- El origen de la cuestión: un juez de Barcelona quería averiguar si CatalunyaCaixa había vulnerado los derechos de un desahuciado al que se echó de la vivienda y se le exigía el pago de toda la deuda.
- El PSOE reclama la paralización temporal de los desahucios y la dación en pago.
Los defensores de un cambio legislativo en la ley de desahucios están de enhorabuena, también los que corren peligro de perder sus casas por no poder hacer frente a la deuda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha realizado un dictamen en el que critica la legislación española sobre desahucios. El fallo señala que la legislación vulnera la normativa comunitaria y argumenta para ello que no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente las abusivas cláusulas que figuran a veces en las hipotecas españolas.
Hasta ahora los jueces no podían paralizar un desahucio porque consideraran que las cláusulas eran abusivas. En ese caso había que solucionar el asunto en un juicio cuando ya se había ejecutado la expulsión de los deudores. Según el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la protección a posteriori "resulta incompleta e insuficiente" ya que "no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda". Como mucho supone sólo "el pago de una indemnización por daños y perjuicios para los afectados si el juzgado les da la razón frente a cláusulas abusivas en las hipotecas".
"Basta con que los profesionales inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la directiva", denuncia la sentencia que señala que "la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la directiva confiere a estos últimos".
Casi de inmediato, Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, ha señalado que "La doctrina del tribunal se incorporará a la legislación Española… y afortunadamente estamos en palo para hacerlo". El titular de la cartera de Justicia ha añadido que "todos los aspectos que haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos".
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo surge como respuesta a la pregunta planteada por el titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, quien pretendía averiguar si CatalunyaCaixa había vulnerado los derechos de Mohamed Aziz al desahuciarlo y exigirle el pago de toda la deuda.
El fallo considera que la normativa española contraviene una directiva europea de 1993 sobre protección de consumidores. El anuncio del mismo se produce un día después de que Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados, afirmase que "la dación en pago general o la suspensión de la ejecución hipotecaria podría dañar sin remedio la garantía hipotecaria y el acceso futuro de todas las familias españolas a los préstamos hipotecarios".
La situación ha cambiado por completo. Y el fallo puede tener importantes consecuencias. Inmaculada Rodríguez Piñero, secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, y Leire Iglesias, portavoz del PSOE en asuntos de Vivienda en el Paralamento, han comparecido ante los medios de comunicación en el Congreso donde han manifestado su satisfacción por el fallo del Tribunal europeo que ha dado la razón, asegura Iglesias, "a los movimientos sociales".
Auguran un aluvión de reclamaciones y una saturación en los juzgados, y para evitarla instan al Gobierno a modificar la legislación española sobre hipotecas, mediante el "procedimiento del decreto ley que tanto le gusta", que paralicen todos los desahucios en proceso, y así mismo "aborde la regulación hipotecaria en su conjunto", así como la dación en pago, para que "si un ciudadano pierde su vivienda no tenga que hacer frente además a una deuda toda su vida".
Sara Olivo
sara@hispanidad.com
