Según una encuesta publicado por FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorros españolas, el 80% de los españoles considera que los inmigrantes sólo deben entrar en España con contrato de trabajo.

Lo que más cabrea es que estoy totalmente convencido de que la mayoría de los que han realizado esta información no se consideran xenófobos. Es más, supongo que están convencidos de que los inmigrantes no quieren trabajar, sino entrar en España para darse a la delincuencia y a la molicie. Y los habrá, naturalmente, pero no son sino una minoría.

Y supongo que también estarán convencidos de que dicen algo sumamente lógico para evitar el caos social que sobrevendría a la apertura de fronteras. Lo cierto es que las fronteras abiertas ha sido la situación habitual del mundo hasta los años ochenta, en que comenzaron a cerrarse, quizás porque se acentuaba la diferencia entre ricos y pobres, se acentuaba el origen especulativo de la riqueza y nacía la obsesión por la seguridad.

Estados Unidos se convirtió en la gran potencia mundial actual gracias a las fronteras abiertas a la inmigración. Cualquiera podía entrar en USA hasta bien entrada la postguerra. Una vez dentro, eso sí, podía morirse por las calles si no se buscaba el cocido, porque ningún Estado del Bienestar iba a echarle una mano. Pero libertad para entrar, total y absoluta.

Pues bien, la verdad es que el drama de la inmigración es muy sencilla. En España, especialmente a partir de junio de 2002, con la enésima reforma de la legislación, el permiso de residencia y el permiso de trabajo se tramitan al mismo tiempo. O lo que es lo mismo, lo que persigue todo inmigrante es la tarjeta de permiso de trabajo. Este es el documento más preciado, valorado más que el mismísimo oro, por lo que suspira cualquier ilegal. Para conseguirla, tiene que lograr que un empresario le ofrezca un empleo. Durante un año deberá seguir trabajando en ese empleo, y al final conseguirá la liberación. Durante ese año (hay que añadir la tramitación de la propia tarjeta, que también es lentísima), se tramitará en el país de origen el permiso de residencia.

Pues bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en España? Muy sencillo, está ocurriendo que esta situación legal en la que todo se subordina a la famosa tarjeta, ha generado que muchos de los sin papeles hayan caído en manos de mafias y de empresarios sin escrúpulos. Así, en el mejor de los casos, el empresario solicita a ese trabajador, le hace pagar todos los 28 de cada mes las cuotas sociales y le apunta en su plantilla, aunque no trabaje allí. Pero eso sólo es en el mejor de los casos. El peor, y muy habitual, consiste en que el empresario se aproveche y le haga pagar al inmigrante (que naturalmente trabaja en la economía sumergida) su tarjeta a precio de oro. Hay sociedades mercantiles que obtienen sabrosos beneficios por el procedimiento de explotar al pobre inmigrante que anhela la tarjeta más que ninguna otra cosa en el mundo. El extremo del proceso son las mafias. Las mafias (ejemplo predominante son las mafias chinas) esclavizan al inmigrante de por vida con peticiones económicas desorbitadas, cuyo pago no terminan en un año, sino que se alarga durante mucho más tiempo. Además, muchas veces, sencillamente, no se les tramitan los papeles. No olvidemos que la normativa hace recaer sobre el empresario toda la responsabilidad... y todo el poder: es él quien tiene la sartén por el mango.

¿Entrar con contrato? A lo mejor no sabemos de lo que estamos hablando.

Por cierto, ¿tienen trabajo esas persona en la economía sumergida? Por supuesto que sí. En España hay muchísimo trabajo que los españoles no aceptan y los inmigrantes sí. Pero ese trabajo, como el legal, es muy difícil tramitarlo desde Perú o desde el Congo belga. Bueno, no es difícil, es, sencillamente, imposible.

Y entonces, ¿no sería más fácil que Europa abriera sus fronteras? 

Eulogio López