Zapatero no actuará contra Botín por las cesiones de crédito y quiere cerrar el caso Aerolíneas Argentinas. Solbes ratifica en el Congreso que la Abogacía del Estado no se personará. Durísimo cruce entre el portavoz de IU, Joan Herrera, y el vicepresidente Solbes en el Congreso. La SEPI, por orden del Gobierno, se dispone a ofrecer más dinero a Marsans, alegando que el último tramo de la subvención no precisa permiso previo.

Durísimas las acusaciones del diputado y portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-IC), Joan Herrera,  en la tarde del pasado miércoles 3, en el Congreso de los Diputados, dirigidas al vicepresidente económico, Pedro Solbes, a propósito de las cesiones de crédito del Banco Santander.

IC, que desde el principio ha sido la otra acusación de Emilio Botín en este caso, critica al Gobierno de haber retirado al abogado del Estado en el caso de las cesiones. Como resulta que la perjudicada es la Hacienda pública, si el propio Gobierno que la representa se niega a personarse en el caso, el hecho no puede por menos de influir en la decisión de la Sala que se dispone a juzgar a Emilio Botín y a otros ex directivos del Santander por 38 presuntos delitos fiscales.

Herrera, es sus reclamaciones a Solbes, llegó a decir palabras tan gruesas como las que reproducimos a continuación y que, a pesar de su extensión, no tienen desperdicio :

El 16 de septiembre de 1999, se emite un informe pericial, solicitado por ICV, que pone de manifiesto las responsabilidades del equipo directivo del Banco de Santander. Un informe que, por sí mismo, debería haber supuesto la reconsideración de su postura por parte de la Fiscalía y del abogado del Estado.

Si los argumentos  defendidos para una tozuda acusación particular no hubieran sido lo suficientemente sólidos, se habría llegado inexorablemente al archivo del caso. Y no ha sido así.

El 24 de junio de 2003 la AN autoriza a la jueza Teresa Palacios a abrir el juicio oral, aunque no se toma la decisión hasta el 6 de octubre. Definitivamente, se va abrir el juicio oral.

Este acto demuestra, de por sí, que la actitud del fiscal Fungairiño, así como la del abogado del Estado, no fueron precisamente un acierto a la hora de defender los intereses del erario público.  

Si este no fuera uno de los casos más graves de fraude fiscal de la historia de España, no hubiese pasado el filtro de varios jueces que han instruido e investigado.

La lucha contra el fraude exige la confrontación, a menudo, con sectores económicos influyentes y poderosos. Y lo que no vale, en casos como el que nos ocupa, es esconder la cabeza bajo el ala. Hay que hacer pedagogía con el contribuyente enfrentándonos a casos como el que nos ocupa.

Lo mejor que le puede pasar a las entidades financieras españolas es que sepan que la autoridad y la potestad en la lucha contra el fraude se ejercen, independientemente del tamaño que tengan.

Y en este escenario, más claro y diáfano que nunca, ¿qué le pedimos?:

-          Que el Abogado del Estado defienda los intereses del Erario Público.

-          Que haga reserva de acciones civiles por el perjuicio de 84.935.195 euros, que no es precisamente poco.

¿Qué significado puede tener este cambio de postura?

Que el PSOE recupere tesis defendidas por el ministro Rato, o por el mismo Fungairiño.  Si Hacienda se mantuviese pasiva, podría suceder que los imputados resultaran condenados y, sin embargo, el Estado no cobrara nada. ¿Puede un ministro de Economía, uno de los defensores del erario público, permitirse este lujo?

Por todo ello, le pido que no ponga palos en las ruedas al desarrollo de la justicia. Que se personen, porque hay 80 millones en juego. Nuestra postura es la de aquellos que negocian con usted los presupuestos, la postura de los que entienden de realismo y de necesidades.

La amenaza final es inequívoca, aunque Hispanidad.com ha podido saber que el caso de las cesiones, y el asombroso cambio de opinión del Gobierno Zapatero desde la oposición al poder, no bastan para modificar la actitud de los cinco diputados de Izquierda Unida-IC, socio, además, de Maragall en el Tripartito catalán. Curiosamente, la prensa española ha guardado un silencio sobre el enfrentamiento parlamentario.

Por otra parte, el rifirrafe con Solbes a propósito de Botín coincide con otra rectificación del Gobierno Zapatero, Aerolíneas Argentinas, o presunto fraude de Marsans en el concurso de acreedores posterior a la adjudicación de la compañía aérea del país austral.

En efecto, Hispanidad.com ha podido saber en fuentes gubernamentales que la SEPI, por órdenes del Gobierno, está dispuesto a cerrar el caso de Aerolíneas Argentinas. En otras palabras, está dispuesto a conceder al Grupo Marsans, acusado de fraude en el concurso de acreedores por minoritarios, los 85 millones de euros que restan de la generosa subvención pública para reflotar Aerolíneas (854 millones de dólares). El subterfugio utilizado ha sido que para este último tramo de subvención sólo se precisa cumplir las condiciones estipuladas en el contrato, sin que necesariamente medie una aprobación explícita de la SEPI.

En este momento, el Gobierno Zapatero trata de llegar a un acuerdo con el Gobierno argentino de Néstor Kirchner y con Marsans para que se eche tierra sobre el asunto. El acuerdo conllevaría, además de la nueva aportación de fondos públicos españoles, que Marsans se retirará a plazo fijo de Aerolíneas y que el Gobierno argentino decidiera quién se queda con la compañía.

Estamos hablando de un caso en el que el PSOE se volcó en el Parlamento, siendo oposición, para acusar al Partido Popular de haber favorecido al Grupo Marsans, con dinero público, en la privatización de la compañía aérea de bandera argentina.  

Ambos casos demuestran que una cosa es estar en la oposición y otra en el Gobierno.