El pago fiscal por módulos es un invento socialista, vigente, con uno u otro nombre en otros muchos países europeos. Se trata de pactar con determinadas profesiones (especialmente profesionales, pequeños comerciantes, taxistas, etc.) una cantidad de impuestos indirectos prácticamente fija, independientemente de lo que realmente facturen. Si lo prefieren, es una aceptación legal del fraude (nadie paga por módulos más de lo que le correspondería según el Régimen general): mejor cobrar parte a no cobrar nada, o más vale un mal acuerdo que un buen pleito.
El PP criticó mucho los módulos durante el Felipismo, pero no sólo no se atrevió a suprimirlos en 1996, sino que redujo la cuantía media a pagar.
Ahora, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuesto, el poderoso Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) ha afirmado que habría que revisar el sistema de módulos especialmente para contribuyentes que no trabajan con el usuario final. Porque el problema de los módulos no es que sea un fraude generalizado (generalizado pero controlado), sino que se está convirtiendo en una tapadera para que quienes tributan por el Régimen general desvíen facturas a través de quienes cotizan por módulos.
