El secretario general del PP, Mariano Rajoy, había recordado recientemente que la reforma constitucional debería de contar con el apoyo del PP, partido que cuenta en el Senado con mayoría suficiente para ejercer el veto. Pues bien, como muestra de que el Gobierno no está de vacaciones, al menos en materia política, el ministro de Administraciones Públicas (AAPP), Jordi Sevilla, ha anunciado el veto de las CCAA en el Senado en aquellos temas que les afecten.

 

Sevilla asegura que la reforma será moderada, exclusiva a temas muy específicos y "eminentemente simbólica". Sin embargo, también asegura que actuará como catalizador de las negociaciones. Es decir, que será una espada de Damocles que empujará los acuerdos ante la amenaza del veto. Y así Joan Saura se permite afirmar que la reforma del Estatut "irá más allá de la Constitución". Cuando la puerta se abre, lo normal es que entre alguien.

 

Argumenta el ministro de AAPP que quiere convertir el Senado en la Cámara de representación autonómica donde se defiendan los "hechos diferenciales" bajo el principio de solidaridad interterritorial. Se olvida que el Parlamento es la Cámara de representación territorial y que si no funciona como tal es porque la dictadura de los partidos lo ha impedido.

 

En cualquier caso, resulta muy peligroso que el PSOE plantee reformas de esta envergadura sin contar con el suficiente consenso político. Porque, por muy "simbólica" y limitada que sea la reforma, las formas dan la impresión de que se trata de una estrategia de arrinconamiento político enmarcado en el "todos contra el PP".