La actual Ley de Financiación de Partidos rige desde 1987. En ella se contempla la posibilidad de que las formaciones políticas puedan recibir ayudas de empresas o personas anónimas. El PSOE quiere acabar con la opacidad en pro de la transparencia. Quiere que quien apoye a un partido se vea retratado con nombre y apellidos como ocurre en el modelo americano.
Pero la propuesta socialista va más allá y pretende limitar las aportaciones personales a 60.000 euros y prohibir las ayudas empresariales. ¿La razón? No se explica. Es presumible pensar que cuando una empresa financia a un partido espera algo a cambio. Pero si la Junta de Accionistas lo acepta y la información está clara, el modelo puede funcionar como funciona en Estados Unidos.
Hay otro elemento a destacar. La reforma afectaría mucho menos al PSOE que al PP. Según datos del Tribunal de Cuentas, los socialistas recibieron en 2001 por este concepto 325.630 euros, mientras que la cifra percibida por los populares asciende a 3.226.236. Para los socialistas, la merma de esta cuantía supone un recorte del 0,6%, mientras que para los populares supone el 5% de los ingresos.
Pero hay más. Porque tanto Convergencia como Unió son los partidos que más utilizan esta vía de financiación, después del PP. En el caso de Convergencia supone prácticamente lo mismo que lo recibido por otros conceptos. El caso de Unió es todavía más grave, ya que las ayudas privadas supusieron el 71% de sus ingresos. Cerrar o limitar esta vía es ahogar económicamente a CiU y consolidar el liderazgo del PSC. Una operación perfecta.
