Estas son las cifras calculadas por el presidente del Foro de Ermua, Mikel Blesa, catedrático de Economía aplicada de la Universidad Complutense y estudioso de los efectos económicos de ETA. Según sus cálculos, el presupuesto anual de ETA asciende a 24 millones de euros. De estos, 1,7 millones provienen de las subvenciones a los partidos políticos, 2,3 millones tienen su origen en la desviación de Udalbiltza y 9 millones restantes se trata de diversas subvenciones públicas. En total, los fondos de origen público ascendía hasta la ilegalización de Batasuna a 13 millones de euros, un 55% del total.

Además, 5 millones de euros provenían de la extorsión. Es posible que esta cifra se viera elevada tras la ilegalización de Batasuna, aunque Buesa reconoce sus dificultades para confirmarlo : es posible que se haya incrementado, pero no tenemos ningún dato cierto. Lo que sí se puede afirmar es el efecto de la ilegalización: 49 alcaldes, 891 concejalías, 220 inmuebles y un ERE a todo el personal liberado del partido. Mucho dinero.

Por otra parte, Buesa señala que la ilegalización de Batasuna hizo descender la adhesión política a ETA. En 1.999 un 50% de la población vasca consideraba que los militantes de Batasuna eran unos patriotas; un porcentaje que hoy ha descendido hasta el 24%. No sólo eso. Si en 1999 un 11% justificaba la violencia, hoy ese porcentaje se ha visto reducido al 2%, lo que revela -en opinión de Buesa- la eficacia de las medidas de naturaleza política tomadas tras la ilegalización de Batasuna.