El PSOE pretende reformar la mecánica del nombramiento de cargos judiciales mediante procedimiento de urgencia. La nueva regulación, que cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, exige mayorías cualificadas del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) para los nombramientos. Desde el PSOE se argumenta que la medida proporcionará mayor independencia judicial. Desde el PP opinan exactamente lo contrario. Quizás porque, como afirma Llamazares, se trata de regresar al equilibrio.
Desde la judicatura se califica la medida de "cacicada". El portavoz de la AMP, José Manuel Suárez, se muestra más prudente, pero igual de contundente. En su opinión, como mínimo se producirá una interferencia del poder político en el judicial. Y como máximo se producirá un parón en los nombramientos ante la ausencia de acuerdo en el seno del CGPJ.
Suárez califica de "desagradable sorpresa" la modificación de la fórmula de nombramientos judiciales a mitad del mandato del CGPJ: "El constituyente estableció mandatos de 4 años para el legislativo y de cinco para el CGPJ. Y lo hizo para algo tan antiguo como la garantía de equilibrio de poderes consagrada por Montesquieu".
Sorprende, además, que el Gobierno tramite por vía de urgencia esta reforma, hurtando el debate y el sosiego. "Nos ha dejado nuestros 10 minutos para la reflexión y el debate", lamentaba con sorna el diputado popular Ignacio Astarloa. Y es que, quizás, el CGPJ ha puesto demasiadas chinas en los zapatos legislativos del PSOE, especialmente en esa ley "estrella" contra la violencia de género. Y los socialistas no parecen estar dispuestos a que se establezcan frenos a su apisonadora.
