Si este martes era el Congreso quien rechazaba la propuesta del PP para sacar a ANV de los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra donde gobierna, este miércoles le toca el turno de intentarlo a Rosa Díez. La presidenta de UPyD recuerda que su propuesta no es novedosa y que ya fue formulada el 6 de mayo de 2008. La diferencia es que ahora tenemos urgencia, dice.
Díez recuerda que la LO 1/03 de Garantías Democráticas de los Ayuntamientos y de Seguridad de los Concejales señala en su exposición de motivos que el objetivo de la Ley es expresar la voluntad política de aislar a los terroristas. De aquella LO1/03 se deriva el art. 61 de la Ley de Bases del Régimen Local en el que se establece que el Gobierno podrá disolver ayuntamientos si existe una actuación gravemente dañosa para el interés general y suponga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. En el 61.2 -insiste en el recuerdo Díez- se afirma que se entenderá por tales acuerdos de la corporación que supongan colaboración o apoyo expreso o tácito al terrorismo.
El Gobierno se agarra a que la corporación de Azpeitia condenó el atentado de Uría. No lo hizo su alcalde, pero si el consistorio. También se agarra a que el art. 61 exige que los incumplimientos sean graves y reiterados. Grave es no condenar el atentado, pero se requiere que sean reiterados. ¿Y no es reiterado los homenajes a los presos etarras, el silencio cómplice ante las actuaciones asesinas, etc? La pelota está en el tejado del Gobierno que es quien tiene potestad para iniciar el proceso de disolución de los consistorios.
