El titular del Juzgado de instrucción número 32 de Madrid ha exigido al presidente de Telefónica, César Alierta, una fianza civil de 4,9 millones de euros por el caso de su presunta información privilegiada. Al mismo tiempo, Alierta ha respondido llevando al juez Torres (el mismo que encarceló a Jesús Gil) ante el Consejo General del Poder Judicial. Digamos que no se fía de su imparcialidad.

 

No sólo eso, el juez Torres, quien para acceder a este juzgado, responsable del caso Alierta (el anterior titular había sobreseído el caso por no encontrar en él indicios de delito) se niega a traspasar el caso a la Audiencia Nacional, quien así se lo había solicitado a requerimiento del sobrino de Alierta, Luis Javier Placer. El asunto puede llevar a un conflicto de competencias entre el juzgado y la Audiencia, que debería resolver el Tribunal Supremo.

 

Lo cierto es que el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, está feliz desde que Torres se encarga del caso. Es más, elmundo.es dio la noticia con mucho salero, afirmando que la denuncia fue puesta por la Asociación de Usuarios de Banca y Bolsa (AUGE), sin especificar el pequeño detalle de que el máximo responsable de AUGE, José María Davó, declaró al semanario Época sobre su relación con El Mundo en el caso Alierta, advirtiendo que "esto se solucionará cuando Alierta ponga sobre la mesa 100 millones de pesetas".

 

Los acusados son César Alierta (en su época como presidente de Tabacalera), su mujer, Cristina Placer y su sobrino José Javier Placer. La causa: Luis Javier Placer es un intermediario financiero que ganó cerca de 2 millones de euros en la compra venta de acciones de Tabacalera cuando su tío era presidente. No parece haber habido información confidencial, aunque la operación es "fea": ningún intermediario financiero debe comprar acciones de una empresa presidida por su tío y desde un intermediario donde tu tía figura como vicepresidenta. Sin embargo, el juez no encontró indicios de delito. La verdad es que los argumentos denunciados por El Mundo y luego por AUGE no son muy sólidos.

 

Pero en esta historia no hay buenos ni malos: todos son malos. Alierta acusa a El Mundo (y tras la entrevista de Davó con Época hay que concluir que así fue) de valerse de una asociación fantasma, creada a propósito para el caso. Luego vino el sorprendente cambio en el Juzgado número 32, donde un juez prefiere bajar su pedigrí para hacerse cargo de un puesto de menor rango del que le correspondía.

 

Una cosa es cierta: Alierta y Pedro J. Ramírez no son amigos. Y esta otra también lo es: el caso de presunta información privilegiada se queda chico ante la posibilidad de que se estén instrumentalizando las asociaciones de accionistas y los tribunales para una venganza personal.