Los empresarios españoles en Cuba están presionando al Gobierno socialista con los mismos argumentos que los que emplearon con el Ejecutivo anterior: otros empresarios están empezando a invertir y podemos perder la oportunidad de tener un gran pie colocado en la isla para cuando se afronte la democratización y la apertura.

 

El anterior Gobierno daba cobertura al capital español, pero impulsaba una estrategia de presión diplomática paralela sobre el Régimen. Las empresas españolas sufrían los desajustes políticos, pero gozaban del apoyo español a pesar de que su negocio se basaba -y se sigue basando- en la explotación de la población cubana, que vive en un régimen sin derechos laborales básicos y cuya contratación es intermediada por agencias paraestatales que detraen gran parte del sueldo.

 

El discurso del responsable de Política Internacional del PP, Jorge Moragas, es que si no estábamos los españoles, entrarían los norteamericanos. Ahora el discurso se vuelve a repetir. Sólo que en esta ocasión el Gobierno pretende un cambio de postura diplomática en relación a la dictadura castrista. Se trata de modificar lo establecido por la Unión Europea en 1996 en virtud de lo dispuesto en el apartado J2 del Tratado de la Unión: "Favorecer el proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como una recuperación y mejora sostenibles del nivel de vida del pueblo cubano". Aquel acuerdo es lo que se conoce como Posición Común Europea sobre Cuba y es lo que ahora pretende modificar la política de Moratinos.

 

En junio de 2003 y como consecuencia de las últimas detenciones políticas protagonizadas por el Régimen, la Unión Europea decidió, dentro del marco de la Política Común, "limitar las visitas gubernamentales bilaterales de alto nivel" y "reducir la importancia de la participación de los Estados miembros en las manifestaciones culturales". Por otra parte, se anunció también la decisión de "invitar a disidentes cubanos a las ceremonias organizadas durante las fiestas nacionales", que celebra cada embajada, como un reconocimiento expreso de la oposición democrática. La dictadura respondió rechazando la ayuda al desarrollo de la Unión Europea y congelando las relaciones diplomáticas.

 

Lo que el martes 16 decidirá el COLAT (Consejo Latinoamericano del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea) es reformar la Política Común, que ha permitido ejercitar la solidaridad de la Unión Europea con el pueblo cubano. El Premio Sakharov 2002 del Parlamento Europeo, el líder de la disidencia cubana en la isla, Oswaldo Payá, ha manifestado su voluntad de mantener la actual posición común de la UE: "Lo que no puede decir nadie, sin insultar a nuestra inteligencia, es que abandonar esta posición y liquidar estos gestos o símbolos son en interés de Cuba y de los cambios pacíficos".

 

Estas declaraciones forman parte de una carta que el pasado viernes 12 diversas organizaciones de la disidencia cuba en el exilio español hicieron llegar al presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, y al presidente de la Comisión Europea en funciones, Romano Prodi. Por su parte, la vicepresidenta, Mª Teresa Fernández de la Vega, no ha querido manifestarse sobre esta reunión. "Ya veremos, no vamos a actuar de profetas", señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes 12.