El abogado del Estado recusará a dos magistrados del Constitucional por orden del Ejecutivo. Es la primera vez que un gobierno toma esta decisión en nuestra joven democracia. El Gabinete censuró la recusación de Pérez Tremps. La independencia judicial salta por los aires. De la Vega asegura que tuvo una conversación "apasionada", no "acalorada", con Emilia Casas y que la palabra "putada" no está en su vocabulario
Increíble. Insólito. Esta misma semana, fuentes del CGPJ aseguraban a Hispanidad que los socialistas no se atreverían a recusar a los magistrados populares después de haberse opuesto a la recusación de Pérez Tremps. Pues se han atrevido. De la Vega lo ha contado al final, a ver si nadie se enteraba y pasaba desapercibido. Pero, obviamente, no ha colado. Y es muy gordo.
En primer lugar, por la asimetría. El Gobierno -que censuró larecusación del magistrado Pérez Tremps, que realizó un trabajo remunerado para la Generalitat a favor del Estatut- recusa ahora a dos magistrados por haberse posicionado en contra del Estatut. En su opinión, "están contaminados" por haber analizado y haberse manifestado sobre una cuestión que sólo después deberían conocer: "Nuestro sistema judicial establece la cautela de que el juez instructor no sea el que juzgue, porque se entiende que al conocer del tema ya está condicionado". Pues bien, esta filosofía se lleva a los dos recusados para argumentar que, como se han manifestado sobre un asunto sobre el que ha hablado el 100% de la población española, están "contaminados".
Para ello, pone en marcha un mecanismo virgen en nuestro ordenamiento jurídico. Será el abogado del Estado quien "defendiendo el interés general", inste tal recusación. De esta forma, automáticamente, el Estatut está resuelto y probablemente para antes de las generales. Asunto concluido... e independencia judicial dinamitada. De la Vega insiste en que no, que se trata del normal funcionamiento de las instituciones, que el procedimiento es el establecido en la Ley y que una cosa es que resulte inusual y otra que sea excepcional.
De la Vega argumenta que el juez debe ser independiente e imparcial y que es imprescindible que "no haya la menor sombra de sospecha sobre su imparcialidad". Un discurso muy bonito, pero cuando se trata de magistrados nombrados por cuota política, la sombra de la sospecha es alargada. Y que su recusación sea técnica, y no política, tampoco cuela. ¿No teme que este tema provoque un choque institucional o que pueda afectar al prestigio del Constitucional? "Yo creo que los problemas del prestigio, a mi juicio, vienen por otra vía", contesta.
Así que la ‘vice' se empeña en defender que el Gobierno respeta "escrupulosamente" la independencia judicial. Pero es difícil aceptarlo. Porque claro, el pasado viernes resulta que tuvo una conversación, "apasionada" que no "acalorada", con la presidenta del Tribunal Constitucional, Mª Emilia Casas, con quien afirma mantener una amistad desde hace 20 años. ¿De qué hablaron? "Fue una conversación privada, pero desde luego, alguna de las palabras que han puesto en mi boca (putada) no forman parte de mi diccionario".
En resumen, el Estatut catalán tiene vía libre.
