El Gobierno baraja la posibilidad de realizar una especie de "amnistía" para las familias que tienen una empleada de hogar, una profesión que, tradicionalmente, ha estado fuera del sistema de protección laboral. Se trataría de una "tasa simbólica" para ponerse al día. Un sistema al que los expertos vaticinan un fracaso. ¿La razón? La falta de mentalidad empresarial de la familia contratante, el déficit de cultura laboral de la persona contratada y la dificultad de la inspección laboral de revisar esas relaciones laborales domésticas si no es con orden judicial.
No se practicaba con nacionales y parece bastante difícil que se realice con extranjeros. Hace algunos años, las familias más sensibles socialmente afiliaban a su empleada doméstica a un seguro sanitario privado, mucho más barato que la cotización a la Seguridad Social. Pero ahora la prestación sanitaria es universal y la familia empleada percibe la cotización a la Seguridad Social como "tirar el dinero". Lo curioso es que las empleadas de hogar perciben lo mismo, por lo que la regularización impulsada por el Gobierno parece bastante difícil. Máxime cuando el sistema de cotización es extraordinariamente rígido pagándose lo mismo por una media jornada que por una jornada entera.
Por eso, Caldera anuncia "fórmulas creativas" como la cotización vía autónomo, que resulta más cara que la cotización como trabajador por cuenta ajena. En resumen, la creatividad de Caldera servirá más bien para poco debido a la dispersión laboral y la falta de incentivos para hacerla.