El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la licitación de una nueva edición del programa de suministro y distribución de alimentos para las personas más necesitadas, por valor de 84,9 millones de euros.
El programa está situado en el marco del Plan 2013 de Ayuda alimentaria de la Unión Europea, el cual se viene llevando a cabo desde finales de los años ochenta y tiene como objetivo encontrar una salida a los alimentos almacenados y, sobre todo, "ofrecer productos básicos de calidad a las personas más necesitadas".
El programa, que está garantizado hasta el año 2020, según fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, liderado por Arias Cañete, conseguirá que los alimentos lleguen a 9.000 entidades benéficas para su distribución entre más de 2.000.000 de personas necesitadas.
La lista de alimentos, que han sido elegidos por expertos en nutrición y entidades como la Cruz Roja, incluye aceite de oliva, legumbres, arroz, leche UHT, queso, pasta, harina, galletas, frutas en conserva, judías verdes y cereales infantiles.
Según ha informado el Ministerio de Agricultura, el proceso de licitación se iniciará en las próximas semanas, una vez se remita el anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y tenga lugar la publicación de los pliegos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esto permitirá la participación de las empresas agroalimentarias españolas, o cualquier otro agente económico establecido en la Unión Europea, a que fabriquen y comercialicen determinados tipos de alimentos. El objeto del contrato comprende el suministro de los alimentos y su transporte, descarga y apilamiento en los almacenes de las organizaciones caritativas que designe el Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEGA), que es el organismo encargado del programa.
Nada que objetar al contenido del plan, que responde a la filosofía de aprovechar la comida, que tantas chanzas le ocasiónó al ministro de Agricultura a cuenta de su confesión sobre la ingesta de yogures caducados. Sin embargo, la cantidad de dinero asignada no es muy alta, equivale a lo que el Ejecutivo español destinó para renovar los trenes en la provincia de Jaén, o a lo que se gastó la Casa Blanca en material de impresión en 3D.
Sara Olivo
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