La ratificación del tratado constitucional de la Unión Europea es una de las prioridades que el Gobierno Zapatero se ha fijado para el curso político que ahora comienza. España será el primer país de la Unión que refrende el texto con la intención de que su aprobación sirva como empujón a los euroescépticos franceses y británicos, principalmente. En principio, en caso de que la Constitución no fuese aprobada en algún país miembro, dejaría de tener validez en el resto de la Unión. Pero los observadores ya apuntan algún tipo de ingeniería jurídica para salvar el escollo.
En España, el apoyo político será cuasi unánime. El secretario general del PP, Mariano Rajoy, ha confirmado su apuesta por el "sí". Una postura un tanto incompatible con la "reflexión" solicitada por Aznar y su aferramiento al Tratado de Niza. Pero ya saben: "Los criterios los fijo yo", Rajoy "dixit". Izquierda Unida es duda y el PSOE apostará por el texto de una manera un tanto humillante. Si Aznar era el lacayo de Bush, Zapatero se ha convertido en el monaguillo del eje franco-alemán.
En el capítulo del "no" se encuentra ERC. El "conseller en cap", Josep Bargalló, argumenta su oposición por no poder manifestarse en su lengua catalana. O sea, que la Unión ha pinchado las esperanzas nacionalistas de construir una Europa de las naciones. Por eso, en CiU también se vive un intenso debate sobre la posición a tomar. Las bases chirrían, Duran i Lleida apuesta por el "sí" y ahora Jordi Pujol -que últimamente se encuentra más locuaz que Aznar- acepta que CiU afronte dividido el debate sobre la Constitución Europea.
El resultado final será aproximadamente el siguiente: El 35% de los españoles votaremos en contra de la Constitución europea por motivos de pérdida de poder español, ausencia de referencia al Cristianismo o criterios nacionalistas. Ese importante porcentaje poblacional estará huérfano de referencia política. De esta forma, se consolidará el divorcio entre ciudadanos y políticos. Lo que otros pasan a denominar "fortalecimiento democrático".
