Las sanciones se imponen a las cadenas Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand
Es conocida la batalla de la presidenta chilena por imponer la píldora del día después (PDD). Tras un informe negativo del ‘decreto supremo' por defectos formales, terminó subsanando e imponiendo su comercialización. A pesar de los informes técnicos y científicos que señalan abiertamente que la píldora es abortiva. Así lo reconoce la propia Posthay en su información al público. Por cierto que lo ‘vende' como ‘anticonceptivo de emergencia'. No es tal: es potencialmente abortivo siempre que se haya producido la concepción.
El movimiento provida chileno ha emprendido una campaña reconvirtiéndose en asociación de consumidores. Promueven un boicot a los laboratorios que comercializan la píldora en Chile. Argumentan que si son capaces de matar la vida intrauterina, no tienen garantías de que verdaderamente protejan la vida extrauterina. Y no les falta razón. La polémica está servida.
Pero el Gobierno está empeñado en imponerse. Y así, ha decidido pasarse por alto la objeción de conciencia del farmacéutico reconocida recientemente en España en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En Chile, en cambio, han multado con 33 millones de pesos a las farmacias que se han negado a dispensar un medicamento que no cura nada y que puede matar una vida. Las farmacias afectadas son las cadenas Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand y el movimiento ciudadano MuéveteChile.org ha emprendido una campaña de queja ante el Ejecutivo Bachelet.
