Fuentes argentinas relacionadas con el caso Aerolíneas han advertido a Hispanidad.com que, durante su reciente viaje a la Argentina, el Rey de España Juan Carlos I se interesó por el caso Aerolíneas Argentinas y llegó a preguntar por el juez Alejandro Baños, pieza clave del entramado judicial que se sigue en el país austral por la privatización de esta compañía aérea. El asunto, por tanto, preocupa. Por cierto, seguramente el Monarca no inquiría sobre este punto, pero recibió la respuesta de que el juez Baños era insobornable.
Ahora, el sindicato APTA ha enviado una carta al Palacio de la Zarzuela pidiendo que el Rey de España se interese por el asunto. La respuesta del jefe de Gabinete de S.M., Miguel Guitart, cuenta que el Monarca ha trasladado la información al Ministerio de Hacienda (responsable de SEPI y, por tanto, de toda la operación Aerolíneas). ¿Qué significa esto? Pues, naturalmente, no que el Monarca vaya a tomar postura pero, sí que considera el asunto lo suficientemente importante como para darle traslado a quien corresponde. Que no es poco. No olvidemos que el APTA considera que ha habido delito en la adjudicación y en la gestión del Grupo Marsans en Aerolíneas.
Mientras tanto, termina la legislatura y José María Aznar abandona el Gobierno, sin que el Ejecutivo haya dado cuenta del caso Aerolíneas Argentinas, la compañía de bandera argentina que fue adquirida por la SEPI y, al final, vendida al grupo Marsans-Spanair en una rocambolesca operación en la que se pierde la pista del dinero. Se calcula que en total (contando el coste del mandato de la SEPI más el coste de la privatización de Marsans) el Tesoro Público español ha gastado en Aerolíneas una cantidad próxima a los 3.000 millones de dólares, que se dice pronto.
Pero lo que afecta al periodo aznarista es la privatización de Aerolíneas. La SEPI vende la compañía al grupo Marsans, cuyos cabezas pensantes son Gerardo Díaz, Gonzalo Pascual y Antonio Mata, presidente de Aerolíneas y encargado de la operación de reflotamiento, y ofrece, además, 758 millones de dólares para pagar deudas y para reflotar la compañía.
En pocas palabras, la acusación más grave, a la que alude la pregunta realizada por la diputada socialista Arancha Mendizábal en el Congreso de los Diputados, el 12 de diciembre de 2003, es por qué razón el dinero público español destinado a pagar las deudas de Aerolíneas se ofreció a Air Comet y no a Interinvest. Recordemos: Marsans es propietario de Air Comet, que posee el 99% de Interinvest, y esta sociedad instrumental, a su vez, es la propietaria del 92% de Aerolíneas. SEPI, según el contrato de venta, dona 300 millones de dólares para pagar pasivos de Aerolíneas y los pone en una cuenta bloqueada. Sin embargo, nadie entiende cómo los pasivos cancelados aparecen a nombre de Air Comet S.A y de Royal Romana Playa (participada por Antonio Mata)
En definitiva, Mendizábal alude a la posibilidad, y así consta en la documentación del procedimiento concursal de adjudicación de Aerolíneas, de que las deudas de la compañía aérea, pagadas con dinero público español, fueran subrogadas pero no canceladas. En otras palabras, que el acreedor cobrara, pero el deudor siguiera debiendo. Y, de paso, que Antonio Mata y el Grupo Marsans aprovecharan la quita concursal (nada menos que un 60%, éste es el presunto fraude que investigan los juzgados en la Argentina) para obtener un dinero que debía servir para reflotar Aerolíneas. ¿Por qué la SEPI permitió esto? Nadie lo sabe, pero es el principal asunto de las 10 causas judiciales que se siguen en la Argentina por Aerolíneas y Austral.
En el entretanto, en España se ha vendido una curiosa versión de todo este asunto. Por una parte, Ruiz-Jarabo se niega a entregar el contrato de compra-venta de Aerolíneas, a pesar de que es un contrato de venta del Gobierno a un grupo privado, en el que se emplea dinero público español. Por otra parte, Antonio Mata asegura ser objeto de una persecución en la Argentina y de mantener espléndidas relaciones con el presidente Néstor Kirchner. Lo cierto es que Mata ha expulsado a sindicalistas argentinos, acostumbrado a detentar una cuota de poder importante en Aerolíneas, pero hasta el procedimiento judicial, que es lo que importa, sigue en pie, así como las preguntas de la oposición socialista en el Congreso español, que tampoco han servido para que Ruiz-Jarabo aclare la privatización de Aerolíneas.
