Evidencia la escasez de argumentos para defender la reforma legal de ampliación del aborto, al tener que acudir a lo puramente emotivo para que pueda ser asumible por la sociedad, falseando la realidad.
Mientras esta jueves el número dos del PSOE a las elecciones europeas, Ramón Jáuregui, evidenciaba su desconocimiento sobre la Constitución y los fallos de nuestros más altos tribunales, al declarar que un feto de tres meses no debe considerarse un ser protegido -recordemos ya de paso, ante su responsabilidad como representantes como gestores públicos, que el desconocimiento no exime de su cumplimiento-, paralelamente el número 1, Juan Fernando López Aguilar, mostraba su más absoluto ignorancia, cuando no desprecio, por nuestras leyes.
López Aguilar ha vuelto a hacer nuevo uso electoral de la reforma legislativa de aborto libre emprendida por su gobierno, y en su aplicación como arma arrojadiza contra la oposición acusaba al PP, en declaraciones a una emisora de radio, de ofrecer un mismo discurso de criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, como si fuese un delito y un atentado contra la vida siempre.
Si nos atenemos a sus palabras sin más, López Aguilar estaría falseando lo que está vigente según nuestro Código Penal (artículos 144 al 146): que el aborto es un delito. Otra cosa es se contemplen determinados eximentes de responsabilidad ante determinados supuestos que se especifican por ley. Pero es un delito. Igual que, en contraposición de lo que manifestaba Jáuregui, la vida humana, como establece nuestra Constitución, es un bien jurídico protegido.
Tanta coincidencia en un mismo día amén de lo expuesto también por Jáuregui ya resulta sospechoso. Una lectura muy primaria llevaría a preguntarse: ¿será una señal de que el Ejecutivo planea poco progre la separación de poderes y pretende jubilar a Mostesquieu, arrogándose el poder legislativo?
En ese caso, sería sumamente revelador de en qué manos hemos puesto los españoles la capacidad de gestión, amén de que la ignorancia parte del que fuera todo un ministro de Justicia, señala Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org y de Derecho a Vivir.
Pero por lo que se viene mascando con la reforma emprendida por el Partido Socialista -añade el presidente de HazteOir.org-, la lectura parece apuntar a otro lado: el PSOE, igual que contrariando a la Ciencia insiste en poner plazos a lo que es vida humana -lo hizo Aído hace unos días con el feto de 14 semanas, y esta mañana de manera más matizada Jáuregui- , insiste en su discurso falsario de persecución a las mujeres, porque saben que desde el punto de vista jurídico y científico carecen de argumentos: la vida humana es un bien jurídico protegido por nuestra Constitución, y la Ciencia demuestra que la vida humana comienza en la fecundación.
Se trata de enredar los términos, de confundir y de apelar a la sensiblería si hace falta para completar la jugada y que la reforma sea asumible por la sociedad española, que rechaza mayoritariamente esta reforma, añade Arsuaga.
Afirmar que las mujeres que abortan en España van a la cárcel, es sencillamente falso. Basta con tomarse la molestia de analizar las sentencias que sobre el delito de aborto se han dictado en los últimos diez años, para desmontar esa falsedad, añade Arsuaga.
Es de recordar, asimismo, que tampoco existe un riesgo real de que sean condenados penalmente los médicos que practican o creen practicar abortos dentro de los supuestos legales: el Supremo ha excluido de responsabilidad por aborto a los médicos que se limitan a emitir un dictamen (sentencias del TS 1497/2003, de 13 de noviembre, 1639/2000, de 26 de octubre, o 2002/2001, de 19 de septiembre), e incluso a quienes lo practican, si existía alguna circunstancia que llevaba a pensar que el aborto podía practicarse legalmente. En los poquísimos casos en que estos profesionales han resultado condenados por practicar abortos ilegales, la pena impuesta siempre ha sido inferior a dos años de privación de libertad, por lo que tampoco han tenido que entrar en prisión (por ejemplo, sentencia de la Audiencia de Granada 788 /1998, de 17 noviembre).
Por todo ello -concluye Arsuaga- lo cierto es que hoy en España las mujeres no van a la cárcel por abortar, ni nadie está propugnando eso. Pocas razones tendrá el Gobierno en defensa de su proyecto cuando tiene que recurrir a argumentos como ése que, además de puramente emotivos, no se corresponden con la realidad.
Derecho a Vivir
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