El encarcelamiento y desencarcelamiento de Arnaldo Otegi no ha resultado políticamente inane. El PNV se ha movido, Josep Lluís Carod-Rovira se ha movido, y el Gobierno Zapatero se debate ahora entre los dos extremos del péndul o ruptura total de cualquier atisbo negociador con ETA, tras siete bombas, una de las cuales tenía ánimo asesino, o cruzar el Rubicón tal y como le aconseja Carod.

Fuentes gubernamentales han trasmitido a Hispanidad que el plan de ruta oculto de Zapatero consiste en una amnistía general disfrazada. Jurídicamente no es posible una amnistía general, pero sí transferir todas las competencias sobre presos a Euskadi o aplicar beneficios penitenciarios de forma genérica. En cualquier caso, se trataría de que aquellos presos etarras con delitos de sangre sean deportados (se cita a Venezuela como uno de los países de acogida) y liberados aquellos que no se encuentren en esa situación.

A cambio (¿a cambio?), ETA abandonaría las armas y declararía una huelga indefinidida. Previas elecciones generales, el Gobierno de Madrid y Vitoria firmarían un nuevo estatuto, que no tendría por qué llamarse Plan Ibarretxe, pero que sería algo muy similar, con la autonomía propia de un estado asociado, modelo Puerto Rico.

Ahora bien, si el encarcelamiento de Otegi ha sido la chispa que ha aumentado las revoluciones de un proceso que no pasaba del debate interno en el Gobierno, también es verdad que las amenazas de Batasuna y las 7 explosiones han puesto al Ejecutivo Zapatero contra las cuerdas. EN otras palabras, el Gobierno teme la aparición de una ETA auténtica, los duros de la banca división a la que ya nos hemos referido en Hispanidad- dispuestos a acabar con cualquier proceso de negociación colocando un muerto encima de la mesa.