El Ministerio de Administraciones Públicas (AAPP) ha firmado un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para que la sanidad castellana-manchega atienda sanitariamente a sus funcionarios. El convenio se firmó en 2003 y ha sido actualizado en un 5% sobre el IPC hasta superar los 22 millones de euros. Es lo razonable porque los funcionarios del Estado están cubiertos por el MUFACE. Aunque también es verdad que la Sanidad ya no es un derecho del cotizante, sino un servicio universal. Este es el argumento para que el Gobierno haya elevado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley valenciana de medidas fiscales de 2008. La tasa establecida por la Generalitat a los beneficiarios de las mutualidades de funcionarios del Estado que optan por la sanidad pública es inconstitucional porque supone una doble financiación de la sanidad valenciana contraria al vigente sistema de financiación autonómica, señala la titular de AAPP, Elena Espinosa.
¿Cuál es la diferencia entre Castilla la Mancha y Valencia? Muy fácil: una está gobernada por el PP y la otra por el PSOE.
