Hasta en la sede del Partido Socialista miran hacia otro lado cuando se les pregunta por las últimas declaraciones (más bien las primeras) de la compañera Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración: "Se acabó el papeles para todos". Dos años atrás, doña Consuelo bramaba contra la política migratoria del Partido Popular que era, exactamente, la que ella defiende ahora: El que quiera venir a España debe traerse el trabajo puesto desde su país de origen, algo realmente complejo.

 

Y segunda y siempre olvidada cuestión: Deberá pasar una temporada "a prueba", pagando la Seguridad Social. Es esta etapa, este interregno, el que facilita la explotación del inmigrante y la ilegalidad de hecho.

 

Es decir, tanto el PP como el PSOE abogan por lo mismo: Las fronteras cerradas al inmigrante, sin discriminar positivamente a favor de la inmigración más lógica en España, la de los hispanos, que es, además, la que menos problemas ocasiona (al menos, comparados con los magrebíes).

 

Dicen en Ferraz que si el cambio de política de Rumí hubiera sido más paulatino, más lento, el cinismo de esta almeriense no hubiera impactado de esta forma. ¿Por qué se encerraron 1.000 ilegales en la Catedral de Barcelona? Por una razón. Porque ya les dieron buenos resultados tres años atrás, en la misma ciudad y en los mismos foros (templos católicos). Por aquel entonces, Rumí, con encantadora simplicidad, acusó al Gobierno Aznar de ser el responsable de los encierros. Ahora se ha apresurado a enviar a la policía para sacarlos por la fuerza.