En el verano de 2001, cuando José María Amusátegui abandona el Central Hispano tras más de un rifirrafe con Botín, Ángel Corcóstegui decide mantenerse como primer ejecutivo (aguantó siete meses más) pero exige un cambio en su contrato. Hasta entonces, y como es habitual en las grandes firmas, el contrato del consejero delegado era un contrato blindado, (estamos hablando de cerca de 30 millones de euros) que se cobraba en caso de despido. Pero Corcóstegui exige cobrar la indemnización tanto si se le echa Botín como si se va por propia voluntad. Como se dio el caso de que se fue por propia voluntad, en marzo de 2002, el abogado Rafael Pérez Escolar (Mario Conde detrás) a través de su sherpa, Franco Otegui, consideran que aquí hay tanto delito societario como en el caso de Amusátegui y ya están preparando la próxima querella contra Botín y contra Corcóstegui: ustedes, viene a ser la tesis, se confabularon contra el accionista para pagar una indemnización que no tenían por qué pagar.

Y todo esto, lo de Amusátegui y Corcóstegui, ocurre en pleno año electoral y de minicrisis económica, donde los sobresueldos y las prebendas están pero que muy mal vistos.