• La patronal bancaria aplaude la propuesta con escasos 'peros' y la CECA la alaba.
  • Sin embargo, en el sector bancario, en privado, se critica con durezas la medida.
  • Los pagos en dinero negro van a incrementarse para evitar los desahucios: "Págame tanto en negro para no superar los 1.597 euros".
  • Los servicios jurídicos de las entidades están estudiando como defenderse de la casuística que se avecina: ¿Quién pagará las cisternas y las persianas que se rompan?
  • ¿Y el subalquiler de habitaciones?
  • De Guindos no ha contado con los bancos para ofertar el parque de viviendas destinado a los ya desahuciados. Tendrá que convencerles. La medida atenta contra la libertad de mercado.
  • La legislación permite infinidad de trucos para acogerse a las nuevas medidas: desde falsas denuncias por malos tratos hasta divorcios para constituir una unidad monoparental.
  • El Gobierno no se atreve a proceder a una reforma en profundidad de la legislación hipotecaria española.

La mayoría de los periódicos han calificado de insuficientes las medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, pero lo cierto es que el 'buenismo' que destila  la medida plantea numerosos interrogantes y una riada de posibilidades para la picaresca.

Aunque tanto la CECA como la AEB han dado la bienvenida al invento del Gobierno, en privado, en el sector bancario, más de uno echa las muelas ante la nueva situación que se plantea. Los servicios jurídicos de las entidades están alarmados ante las posibles consecuencias de las paralizacines de los embargos: ¿Quién pagará las cisternas y las persianas que se rompan? ¿Tendrán que permitir el subalquiler de las habitaciones?

Por otra parte, la otra medida estrella de De Guindos, un parche para solucionar los problemas de las familias ya desahuciadas, la creación de un parque de viviendas para los ciudadanos que ya han sido desahuciados, no ha sido consensuada con los bancos. El ministro se ha tirado a la piscina contando con su buena voluntad. Es evidente que a la banca no le beneficia en absoluto la bajada del precio de los alquileres que puede acarrear esta medida. Las nuevas normas atentan contra la libre competencia. Puede desanimar a  un enorme número de ciudadanos que están comprando activos tóxicos de los bancos o pisos pequeños con el fin de alquilarlos para obtener una renta mensual. La banca puede perder un gran número de clientes por culpa del parque de viviendas ideado por el Ministerio de Economía. Faltan aún muchos detalles por concretar. "Estamos trabajando en ello", aseguran en el Ministerio.

Este viernes se ha producido un nuevo suicidio por un embargo, y la ley de medidas urgentes ya había sido aprobada. El caso es distinto a los anteriores. Se trataba de un pleito familiar. Sin embargo, se sumará a las estadísticas anteriores.

El caso de la concejala de Baracaldo que tanto conmovió a la opinión pública y que ha desatado el clamor popular que ha impulsado al Gobierno a esta medida populista, estaba motivado por un problema personal: el aval a un hermano, y no por la carencia de medios para encontrar una nueva vivienda-tanto ella como su marido trabajaban.

La legislación permite infinidad de trucos para acogerse a las nuevas medidas: desde falsas denuncias por malos tratos hasta divorcios para constituir una unidad monoparental y poder formar parte del colectivo protegido. Y lo que es peor: ¿cuántos no sentirán la tentación de solicitar a sus empleadores que se les pague en dinero A una cantidad inferior a los 1.597 euros que marca la ley para poder acogerse a las medidas para paralizar el desahucio durante dos años?

El abanico de posibilidades es inmenso. Desde denuncias falsas por malos tratos para formar parte del colectivo protegido hasta divorcios pactados para constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo. Lo más sencillo no hubiera sido crear una medida que no contenta a nadie, sino proceder a una reforma en profundidad del sistema hipotecario español. Los embargos sólo son la consecuencia de la terrible situación del país y la falta de expectativas para la población de un país con seis millones de parados.

Sara Olivo
sara@hispanidad.com