Sr. Director:
El Royal College of Psychiatrists, fundamental institución profesional de psiquiatría de Inglaterra, ha otorgado un significativo cambio en sus indicaciones sobre el vínculo entre aborto y salubridad mental.
"La interrupción voluntaria del embarazo" lleva a un peligro significativo para la robustez mental de las mujeres y, por lo tanto, aconseja que se oriente satisfactoriamente sobre estas inseguridades a quienes pretenden abortar. Se exhorta a la edición de publicaciones que comenten los trances de desesperanza después de un aborto, pues "no puede haber consentimiento informado si no se suministra una información adecuada".
En 2007, la actriz Emma Beck, de 30 lapsos de tiempo, llevaba una gestación de mellizos y abortó. Al poco tiempo se suicidó -apareció colgada-, aliviándose al dejar a sus parientes una patética carta: "La vida es un infierno para mí, yo nunca debería haber abortado, habría sido una buena madre. Quiero estar con mis bebés, necesitan de mí más que nadie".
Por otra parte, el erudito Peter Saunders, secretario general del Christian Medical Fellowship, aseveró: "¿Cómo puede un médico justificar ahora un aborto por razones de salud mental, motivo que se invoca para más del 90 por ciento de los 200.000 abortos anuales que se practican en Gran Bretaña?".
En España, según informes del IPF, hemos saltado de 9.000 interrupciones voluntarias en 1985, a más de 100.000 abortos en el vencido año. Con este monto se evalúa que, diariamente, 266 chiquillos no verán la luminaria del día, por lo que, en España, se ha rebasado el millón cien mil abortos desde que se legitimó la aplicación del aborto en el año 1985. Esto significa que cada 5,4 segundos se origina un asesinato.
Con estas cifras, España se ha trocado en el terruño occidental en donde más se ha aumentado la cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo en los últimos diez años. Actualmente, según la organización, uno de cada seis embarazos, termina en aborto.
"Una sociedad que presume de sus políticas sociales debería proteger más a los indefensos ya que la defensa de la vida es 'una obligación moral' que las administraciones públicas deben apoyar", afirmó Francisco Gil Hellín, arzobispo de Burgos.
Clemente Ferrer Roselló
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