El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha elevado al Consejo de Ministros un informe sobre el grado de cumplimiento del sector público de la normativa contable. El informe es preceptivo por la Ley Estabilidad Presupuestario y el gobierno ha tratado de pasar de puntillas por el mismo.
Las conclusiones sin embargo resultan demoledoras. De los 188 organismos auditados por la Intervención General, sólo 72 presentan informes con salvedades, es decir, un 38%. Del resto, 106 han presentado informes con salvedades. Es decir, sus estados contables representan la imagen fiel de la situación económico-patrimonial salvo en determinadas partidas. Conviene recordar que en el ámbito mercantil, un informe de auditoría con salvedades es suficiente para despertar la sospecha del mercado.
Además, la Intervención General ha presentado dos informes desfavorables y ha denegado la opinión en seis entidades, ya que el auditor no ha podido encontrar evidencias suficientes para formarse opinión. Por último, se ha denegado parcialmente la opinión de dos entidades, que tan sólo salvan el estado de liquidación de presupuestos.
Si esto ocurriera en el sector privado, se armaría la de San Quintín. Que un 67% de las entidades públicas auditadas no tengan la contabilidad en orden es un señor escándalo. Así que Solbes ha emplazado a todos los ministerios afectados a que hagan los deberes y en el plazo de seis meses comuniquen la evolución de las medidas tomadas para resolver las deficiencias puestas de manifiesto en el informe. Y eso que se tratan de las cuentas de 2004, más deterioradas que las del 2003, según el informe comparativo. No queremos ni pensar cómo estará la contabilidad de 2005.
