La FERE recomienda a los directores ‘reconducir' a los objetores de conciencia
Que la Federación de religiosos de la Enseñanza, (FERE) se ha vuelto progre desde que la preside el salesiano Manuel de Castro, es algo harto sabido. Él es el principal abanderado de la política de conciertos educativos –que beneficia económicamente a los empresarios de la enseñanza aunque les somete ideológicamente el Gobierno, y uno de los más firmes opositores al cheque escolar, que otorga el poder de decisión a los padres.
Ahora, con Educación para la Ciudadanía, la asignatura creada por el Gobierno Zapatero para adoctrinar las mentes infantiles y adolescentes en el relativismo moral, la FERE pide a sus asociados que cercene la objeción de conciencia, única salida de los padres para evitar el precitado adoctrinamiento gubernamental.
Muchos padres están empezando a plantear ya la objeción de conciencia a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Los colegios religiosos observan el fenómeno con cierta preocupación. Por una parte se siente en la obligación legal de impartir la asignatura, aunque la nota de la Conferencia Episcopal no deja lugar a dudas: no pueden permitir que se imponga la educación laicista y de ideología de género que pretende la asignatura.
Así que en esa indecisión, piden consejo. Y el recibido por parte de sus superiores es que traten de ‘reconducir' a los padres objetores. Y es que –según ha podido saber Hispanidad- la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) ha sugerido a sus centros adscritos que no acepten las objeciones y que recuerden a los padres que sus hijos no podrán completar su currículo académico y por tanto, no podrán presentarse a selectividad.
En algunos casos incluso se amenaza con expulsar al niño del centro con el argumento de que los padres no confían en que el centro será capaz de mantener intacto el ideario a pesar de la asignatura. En este sentido, varios padres están circulando ya una sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2003 que condena a un colegio privado a indemnizar a unos padres con 12.000 euros por "expulsión arbitraria" de un alumno.
El Gobierno observa el movimiento con cierta preocupación y ha tratado de reconducir a las asociaciones promotoras de la objeción con buenas palabras. No ha funcionado. La ‘verbalización' de que EpC es "para educar en ideología" y la negativa a reconducir el contenido de la asignatura no ha dejado margen de maniobra. Así que mientras que la Alta Inspección del Ministerio de Educación amenaza con inspeccionar los contenidos y la existencia de la polémica asignatura, la cascada de objeciones de padres no ha hecho sino comenzar.
Lo malo es que con esta actitud, la FERE no está boicoteando al Gobierno o a las asociaciones de padres, sino a los mismísimos obispos, que son sus superiores, si no orgánicos sí al menos doctrinales. Como se sabe, el Primado de España y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Antonio Cañizares, ha pedido a los padres que objeten ante EpC.
