No se justifica el destino final de los 300 millones de dólares que el Estado Español regaló a Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual para que pagaran las deudas de Aerolíneas

En el juzgado 35 de Madrid se sigue una causa penal contra los dos propietarios de Marsans, el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y el presidente de la compañía, Gonzalo Pascual, por malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal.

El asunto se remonta a la privatización de Aerolíneas Argentinas (ARSA), propiedad del Gobierno español, que fue regalada a Marsans, además de dotarle, durante el Gobierno Aznar, con 758 millones de euros para su reflotamiento.

300 de esos millones eran para pagar deudas. El problema viene cuando Díaz y Pascual deciden utilizar ese dinero, en lugar de para pagar a los acreedores, para comprar el conjunto de deudas. De esta forma, tenían la mayoría en el concurso de acreedores –que funciona como un parlamento, según derechos de votos- y podían establecer la quita que quisieran.

Por dos veces ha sido fiscalizado el proceso del regalo público a Marsans por el Tribunal de Cuentas. Ahora se sustancia el segundo. El viernes 27, el diario Expansión publicaba la siguiente información sobre ese informe, un tremendo varapalo tanto para Marsans como para la propia SEPI, por no vigilar con la debida diligencia el destino de unos fondos públicos. Hispanidad ha tenido acceso al informe completo del Tribunal de Cuentas y procede añadir, sobre todo, las conclusiones segunda y cuarta del informe del T de C. En la segunda, acusa a la SEPI de no haber solicitado a Marsans la justificación de los pagos de 25,25 millones de dólares.

En la cuarta, más preocupante aún, apunta al corazón de todo el caso Aerolíneas: "La SEPI aportó 300 millones de dólares a INTERINVEST que según el contrato debían haberse destinado al pago de pasivos del grupo argentino. De este importe AIR COMET, con el consentimiento de SEPI, utilizó 273 millones para la compra de esos pasivos con el compromiso de capitalizar los créditos en ARSA en un plazo que expiraba el 26 de junio de 2003. La nueva documentación aportada por SEPI, que incluye la que le ha sido remitida a su vez por AIR COMET, no acredita, en los términos que se indican en el texto del informe, que dichos pasivos hayan sido finalmente aportados a los fondos propios de ARSA".

Con este informe se abre una nueva etapa en el juicio penal que se sigue contra el presidente de la CEOE y contra su socio, Gonzalo Pascual.