Argentina vive en un 'sinvivir' desde hace algo más de una semana, después del fallo de la Justicia americana para que pague a los 'fondos buitre'. Su presidenta, Cristina Fernández (en la imagen), enfiló directa ayer contra el juez americano Thomas Griesa por "poner en un limbo jurídico los 539 millones de dólares que ya no son de Argentina, sino que pertenecen a los tenedores de deuda reestructurada". Por eso, justificó la anunciada demanda contra Estados Unidos en el Tribunal Internacional de La Haya.





Hispanidad ya explicó con todo lujo de detalles los entresijos de esta polémica, que arrancó en 2005 y 2011 por el rechazo de una serie de acreedores -entre ellos, los fondos más especulativos, los 'fondos buitre'- a la reestructuración de la deuda, tras el colapso financiero de 2001. Hay que contarlo todo: el 90% de los fondos aceptó las condiciones del entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, o sea que, por muy ilegal que fuera la medida, fue aceptada por la inmensa mayoría.

Ahora, tras el fallo de Griesa, parece más bien que se trata de extorsionar al mal pagador. Como señalamos a finales de julio, "es un deber moral pagar la deuda libremente asumida, porque la norma hay que cumplirla. Ahora bien, si la norma es injusta, si no está para pagar a quien compró sino a un tercero aprovechado, esa norma se convierte en injusta. Suele pasar cuando las normas y las leyes atentan contra la ley natural, es decir, contra la justicia. Y esto es bello e instructivo: demuestra que hasta el impresentable ministro de Economía, Axel Kicillof, puede tener razón".

Sorprende que el principal argumento argentino sea la seguridad jurídica, la misma que ha traído de calle a tantas empresas, como Repsol
Argentina va ahora a por todas y quiere implicar al mismísimo Obama en la pugna, pero no lo tiene fácil. ¿Por qué: muy sencillo: porque el Tribunal de La Haya sólo puede analizar el fallo de Griesa si el Gobierno de EEUU lo acepta; es decir, si Obama traga. Es verdad que hubiera sido mejor recurrir a la Organización Mundial de Comercio (OMC) para solucionar el litigio, pero también requiere el visto bueno del Gobierno americano. O sea, que por esta vía o por la otra, Argentina lo tiene bastante complicado. Las cosas como son.

En cualquier caso, no deja de sorprender que la cuestión de la seguridad jurídica sea el principal argumento argentino contra "las resoluciones de un juez municipal que quiere atropellar y llevarse por delante la soberanía de un país", como dijo ayer Cristina Fernández. Olvida la presidenta que esa cuestión 'menuda' de la seguridad jurídica es lo que ha traído de calle a muchas empresas en los últimos años, sin ir más lejos ahí está la expropiación de YPF a la española Repsol.

Mariano Tomás

mariano@hispanidad.com