Sr. Director:
Hace pocas fechas el Sr. Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España, recibía a los padres de Mari Luz Cortés.
Estos padres presentaban un importante número de firmas solicitando cadena perpetua para los delincuentes que hayan cometido delitos tan aberrantes como el que acabó con su hija.
El Sr. Zapatero, ante el clamor popular del que eran portadores estos doloridos padres, manifestó estudiar el endurecimiento de las penas y poco más, pues amparándose en la Constitución, ésta no contempla la pena solicitada, cosa cierta por demás; no hay nada más que leerla para estar de acuerdo con el Sr. presidente.
Sería deseable que esta misma contundencia constitucionalista la desplegara el Sr. Presidente ante casos de tan manifiesto incumplimiento constitucional como los que a continuación expongo:
Diferente castigo, ante un mismo delito, en función del sexo del delincuente.
Cobrar ciertos impuestos, o no cobrarlos, dependiendo de la autonomía de residencia.
Funcionarios del Estado con igual categoría y desempeñando análogo puesto de trabajo reciben distinto salario, dependiendo de la autonomía en que trabajen.
Se dificulta e impide, en ciertas autonomías, escolarizar a los alumnos en la lengua oficial de toda España.
En algunas comunidades autónomas se sanciona a los comerciantes que hacen uso del derecho a utilizar la lengua de todos los españoles.
Al no querer extenderme en demasía baste por hoy con los casos citados
Así que ante estas incongruencias, que nuestros dirigentes fomentan y amparan, la Constitución se ve, en demasiadas ocasiones, forzada hasta límites insospechados en función de intereses partidistas, que en multitud de ocasiones sólo tiene por objeto contentar a grupos políticos (generalmente nacionalistas) de escasa representatividad nacional, pero que la actual ley electoral sobredimensiona en su capacidad de influencia y decisión.
Manuel Villena Lázaro
manolovillena@hotmail.com
