A eso se unen, en el caso del presidente de la CEOE, las imputaciones por desvío de fondos públicos españoles para reflotar Aerolíneas Argentinas y el fraude a Hacienda por valor de 100 millones de euros. En su desesperación, los propietarios de Marsans, el precitado Ferrán y Gonzalo Pascual, amenazan con devolverle ARSA a la SEPI, algo que ni el Gobierno argentino ni el español están dispuestos a permitir. Mientras, el transporte aéreo en la Argentina continúa sumido en el caos
Se cierra el círculo sobre Marsans, propietario de Aerolíneas Argentinas (ARSA) desde que se lo regalara el Gobierno Aznar, quien, además, le subvencionó con, al menos 760 millones de dólares para pagar deudas y reflotar la compañía. Los accionistas de Marsans son el actual presidente de la patronal CEOE y Gonzalo Pascual. Precisamente, Pascual y Díaz (empresario de cámara de Esperanza Aguirre), están acusados, en el Juzgado 35 de Madrid, de los delitos de desvío de fondos públicos (los que les dio la SEPI, el erario público español), delito fiscal -un informe de la Agencia Tributaria, según el cual Pascual y Díaz defraudaron 100 millones de euros a la Hacienda pública y, ahora, por estafa procesal, al manipular el concurso de acreedores de la aerolínea, a pesar de que lo único que tenían que hacer era coger con en una mano los 300 millones de dólares que les dio el Gobierno y pagar con la otra a los acreedores. Pero no, prefirieron capitalizar deudas, arrinconando de esta forma a los minoritarios, amén de incumplir el acuerdo con la SEPI, utilizando la sociedad Royal Romana Playa, de Antonio Mata, el hombre al que Díaz y Ferrán pusieron al frente de Aerolíneas Argentinas, asimismo en la causa Penal del Juzgado 35.Pues bien, por fin ha llegado el exhorto de la Justicia argentina al Juzgado 35 de Madrid sobre dicho concurso. Y lo curioso es que la SEPI, es decir, el donante de dinero a Pascual y Díaz, ahora regida por el Gobierno ZP, también está involucrada en la que categoría que podríamos definir como "presunto colaborador necesario".
Con esto, la juez Gemma Gallego ya dispone de todas las pruebas demandadas. El círculo se cierra mientras, eso sí, la prensa española guarda un curioso silencio sobre el caso, ante uno de los grupos empresariales, Marsans, que más se anuncia en prensa y que, además, cuenta con la protección del Partido Popular y de la Casa Real, además de con la connivencia del PSOE que, tras denunciar en la oposición este presunto caso de desvío de fondos públicos, se olvidó del asunto en cuanto consiguió acceder al Gobierno, además, los compromisos de ZP con Néstor Kirchner, para quien el buen funcionamiento del transporte aéreo en un país con una longitud de 3.000 kilómetros, es fundamental.
Cada vez más, la Casa Rosada se percata de que ahora está en manos de Aerolíneas para que el transporte aéreo en el país no siga siendo un caos.
Vamos con los hechos:
El Tribunal de Instrucción Criminal N. 35 de los de Madrid, ya tiene en su poder el Exhorto que requiriera al Juzgado en lo Comercial N.15, Secretaría 29 de Buenos Aires, certificado y emitido por el Juez Subrogante, Jorge Silvio Sicoli, el cual también puede leerse en la página web del juzgado argentino.
La rogatoria había sido solicitada por la jueza Gallego, a efectos de determinar si la empresa controlada por Antonio Mata (presidente de ARSA, nombrado por Díaz Ferrán y Pascual), Royal Romana Playa S.A., participante del concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas por haberle cedido Air Comet S.A. un crédito suyo quirografario o común, que había sido verificado por el acreedor original tres empresas del grupo Repsol YPF S.A. en el concurso de Aerolíneas Argentinas, por la suma de 57, 9 millones de dólares, ejerciendo solamente el derecho a voto en nombre de Air Comet S.A. -tal como afirmó Antonio Mata en el Juzgado 35 presentando un documento cuya falsedad luego se comprobaría-; o, si Royal votó como titular de los mencionados créditos cedidos por Air Comet S.A.
A los efectos procesales, y también político-administrativos, es importante destacar que la actual administración de la SEPI, aportó al Juzgado N. 35 documentos que daban la apariencia de verosímil, a la falaz declaración y el escrito adulterado presentado por Antonio Mata, hoy bajo investigación también por la justicia penal argentina.
Ahora, el Exhorto enviado por el Juzgado Comercial N.15 de Buenos Aires, confirma finalmente que:
1) Air Comet S.A. (recordemos, filial de Marsans y propietaria de Aerolíneas) cedió a Royal Romana Playa S.A. las acreencias verificadas de las firmas del grupo Repsol YPF S.A., con la conformidad de la concursada, es decir del directorio Aerolíneas Argentinas.
2) Royal Romana Playa S.A. ejerció en el concurso de acreedores de Aerolíneas "los derechos inherentes a los créditos cedidos", o sea que votó como titular de esos créditos y no sólo ejerciendo el derecho a voto en nombre de Air Comet S.A.
3) Royal Romana Playa S.A. realizó un aporte irrevocable en Aerolíneas Argentinas por el monto del crédito cedido, a cuenta de futuros aumentos de capital, también de conformidad con los miembros de su directorio.
Cabe señalar, que el directorio de Aerolíneas Argentinas, siempre estuvo integrado por Antonio Mata, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, en consecuencia, ninguno de ellos pudo desconocer lo ahora develado y asegurado, por la certificación judicial enviada desde la Argentina, ni quedar exento de culpa por la comisión del delito de desvío de fondos públicos.
Nadie que no sea titular de un crédito quirografario puede votar por sí mismo en una homologación concursal ni, mucho menos, realizar un aporte irrevocable de capital.
Merece una investigación aparte, dilucidar como Royal Romana Playa S.A., una empresa con un capital de aproximadamente 50.000 euros, pudo comprar créditos por 57, 9 millones de dólares.
Es de resaltar, y recordar, que el Informe del Perito de la Agencia Tributaria (AEAT), Carlos Navas Díaz, presentado ante el Juzgado de la juez Gallego, que concluyó que Pascual, Díaz y Mata efectuaron un desfalco al fisco español por 100 millones de euros (300 millones de euros sumados hoy intereses y punitorios), por no haber declarado créditos contra Aerolíneas Argentinas comprados por Air Comet S.A. por 300 millones de dólares, con fondos públicos donados por la SEPI para cancelar o reducir pasivos de Aerolíneas por ese monto; también sostuvo, que en el caso de que Royal Romana Playa S.A. hubiera actuado como acreedora de la línea aérea de bandera argentina, lo cual el Exhorto ha corroborado, la empresa propiedad de Antonio Mata había cometido un delito fiscal por 7 millones de euros (sin actualizar), dado que nunca incorporó el crédito comprado a Air Comet S.A. a sus balances, ni lo declaró fiscalmente ante la AEAT.
El Exhorto que acaba de llegar desde la justicia argentina, es la última de las actuaciones pendientes de las solicitadas por la titular del Tribunal de Instrucción madrileño N. 35.
Junto con el Contrato de Compraventa del 2 de Octubre de 2001; los dos Informes del Tribunal de Cuentas del 2006 y 2007, sobre la compra de Aerolíneas Argentinas; y el reciente Informe pericial de la Agencia Tributaria, son la información decisiva y definitiva para que la jueza Gemma Gallego dictamine, después de más de tres años, si envía o no a juicio a Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata, por los delitos de falsedad documental, estafa procesal, evasión fiscal, y apropiación indebida de fondos públicos.
También será una prueba concluyente, sobre si en la España del siglo XXI existe un solo Estado de derecho, sistema judicial y vara para juzgar a todos sus ciudadanos. O, si por el contrario, hay un mundo y medida para la mayoría que debe vivir sujeta al rigor del imperio de la ley; y otro para la minoría, de los ricos y poderosos, con amistades selectas e influyentes, cuya única ley conocida y respetada es la de la impunidad.
El círculo se cierra sobre le presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, empeñado en silenciar el asunto a toda costa.
Y ya en el esperpento, en el callejón sin salida en el que se empiezan a ver, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual amenazan ahora con devolver la Aerolínea a la SEPI, lo que no deja de tener su gracia: después de cobrar y, presuntamente, vaciar la compañía, sumida en el desastre, devolverla a la SEPI, es decir, al Gobierno español, que ya ha perdido en la broma, a lo largo de todas la etapas, un cantidad superior a los 3.000 millones de dólares. No parece que ni el Gobierno español ni el argentino estén por la labor.
