Que las agencias privadas acreditadas por Trabajo puedan colaborar en la provisión y gestión de los servicios públicos de empleo Casi un centenar de prestigiosos economistas españoles de diversas universidades españolas y extranjeras han firmado un documento en el que reclaman -entre otras cosas- una suerte de privatización del INEM. Habida cuenta de que sólo el 8% de los contratados lo han sido gracias a la labor de los servicios públicos de empleo, cabe preguntarse la colaboración público-privada. Por eso proponen que las agencias privadas que estén acreditadas por el Ministerio de Trabajo puedan colaborar en la provisión de ofertas y demandas y en la gestión del mercado. Actualmente, la tasa de parados por empleado de servicio público de empleo es de 280. Una cifra inmanejable si se pretende ser eficaz.

Además, España invierte sólo un 0,5% del PIB en políticas de formación frente al 1,5% de Dinamarca. Claro que Dinamarca tiene un tipo máximo del IRPF del 63%. Quien algo quiere, algo le cuesta, concluye el profesor de la Universidad Carlos III, Juan José Dolado. El académico se muestra crítico porque sólo el 32% de los recursos se destinan a políticas activas frente al 65% de políticas pasivas. De ese 32%, el 14% va dirigido a bonificaciones frente al 18% de formación. Y Dolado no es muy partidario de las bonificaciones. De hecho, los contratos bonificados para pasar de temporales a indefinidos se han extinguido pasados tres años. ¿La razón? Se acabo la bonificación. Hay que acabar con las subvenciones, señala el experto que firma junto al presidente de la CNMV, Julio Segura, el documento de reforma laboral.