Gonzalo Sánchez de Lozada, el ex presidente de Bolivia, tuvo que dimitir porque los líderes cocaleros y sindicales no querían que se exportara gas, la gran riqueza actual de este paupérrimo país hispano, a otros países. Le sustituyó Carlos Mesa, un hombre sin apoyos políticos que se creía de transición y que apenas sería capaz de resistir el empuje de los cocaleros, y en especial del sindicalista de corte marxista Evo Morales. Se temía una revolución.

 

Pero Mesa ha sido lo suficientemente inteligente como para someter a referéndum toda la política gasística. Y ha ganado.

 

Lo cierto es que muchos bolivianos pensaban que, si se exportaba el gas, no tendrían para consumo interno, cuando la verdad es que Bolivia tiene reservas de gas para los próximos 2.000 años.

 

Así que Mesa acudió al refrendo popular. Cinco preguntas se han formulado al pueblo boliviano (con cierta ambigüedad, todo hay que decirlo) y ha vencido, con una sabia combinación de impuestos muy elevados a las compañías petroleras y promesa de una futura ley de hidrocarburos controlados por una empresa estatal boliviana. Al final, se trata de exportar, no sólo a la Argentina y a Brasil (a Chile jamás: los bolivianos y chilenos se odian, y los bolivianos continúan exigiendo una salida al Pacífico) sino también a México y Estados Unidos.

 

Repsol YPF dispone del 45% de la distribución de gas en Bolivia, pero es evidente que el objetivo de la empresa española está en la exportación…. Y está dispuesta a pagar elevados impuestos por ella. Por lo demás, para el país la exportación de su principal riqueza natural es básica para salir de la pobreza.