Sr. Director:

Toda la prensa española se hacía eco, hace unos días, del dolor y sufrimiento de una madre que, impotente, observaba la salida del centro de reclusión de un menor que violó, asesinó y quemó el cadáver de su hija.

Resulta lamentable contemplar la cara de un familiar de una víctima de ETA, al ver cómo el sistema se burla de ella. Resulta horrendo comprobar como la maquinaria de la justicia se muestra inoperante ante ciertos delincuentes que pasan por los tribunales.

Ya es hora de revisar las leyes penales inútiles y caducas, en un sistema donde la víctima es el sujeto menos protegido del proceso, instaurar penas acordes con la dramática realidad que nos toca vivir cada día, donde los delincuentes operan a sus anchas en las ciudades y pueblos de España, riéndose de las víctimas y del Estado ¿Ha llegado la hora de cambiar la Constitución y establecer, dentro de la escala de penas, la cadena perpetua en nuestro sistema jurídico?            

LA JUSTICIA SOCIAL EN EL CAMPO PENAL: LA RETRIBUCIÓN DEL DAÑO. ANÁLISIS DE CIRCUNSTANCIAS:

En los diferentes ecosistemas se manifiestan dos modos de vida interrelacionados entre si, y fundamentales para la evolución de la misma, depredadores (cazadores) y presas (sirven de alimento a los anteriores).En ambos casos los primeros controlan la vida y existencia de los últimos, sin extinguirlos del todo, pues de ellos dependen para subsistir. En todo caso los animales de la misma especie jamás se depredan entre si.

El problema surge cuando los parámetros, citados anteriormente, los trasladamos a la especie humana y en concreto al entorno de las ciudades. Éstas se han convertido en una jungla de asfalto donde, como harían las fieras las salvajes, determinados grupos marcan un territorio que luego hacen suyo. 

Los tigres tienen por costumbre orinar en la base de los árboles para controlar un espacio, y a los grupos que los conforman, e imponer un control sobre las presas y otros animales competidores. En las ciudades los grupos mafiosos, organizados en bandas, marcan las plazas y calles a controlar con pintadas, haciendo sonar a cualquier hora la música que los demás "deben escuchar", porque a ellos les gusta. Así comienzan observando la reacción de "los otros". La gente del barrio calla y se resigna. Luego vendrán las apropiaciones y cobros por jugar en las canchas deportivas, los empujones y agresiones al que pasa por su lado con la excusa de "me miró mal, por eso le di una… ese era un racista", para a continuación pasar a imponer sus jergas y leyes en la zona, mientras las autoridades políticas miran para otro lado. Esa es la tolerancia de la que viven, sin que nadie exija nada, los responsables de evitar estos abusos.

El encargado de gestionar el problema lo resuelve en un instante: Están exagerando, no me consta; Claro muchos de ellos van en coches oficiales y sus hijos bien protegidos. Son seres de Alto Standing, aspirantes a ocupar un cargo… Más Alto. Pasar la patata caliente a otro, cuando la noticia les salpica, y manipular esos son sus méritos y cualidades, sus especialidades.

                                          RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA:

Un sistema garante, que no garantista, facilita la defensa en el proceso de la víctima y no tanto del delincuente, el cual ya sabe de antemano que a lo que aspira es a cumplir el menor número de años posible de pena de privación de libertad, y eso si resulta culpable, pues en España existen tal cúmulo de recursos ante multitud de instancias diferentes, y modos y maneras de declarar nulo un proceso que prácticamente es un milagro que el delincuente acabe pagando su pena. Otra cosa es que la víctima reciba un duro del Estado. De eso nada. Ahora si, el delincuente cuando salga de la cárcel tras cumplir o no su pena, tendrá derecho al subsidio de la seguridad social (subsidio de paro) aunque no haya trabajado en su vida, y sea en su salida la centésima vez que sale de prisión.

El sistema de delitos y faltas español, así como el Art. 25.2 de la Constitución es ridículo y a todas luces absurdo, pues se aplica sin condición previa a todo privado de libertad, manteniéndole todos los derechos hasta el último día de su pena.

El problema de España radica en una doble moral:

A. Para la sociedad cuando el criminal es detenido y condenado a entra en Prisión, todo el mundo habla de que no se le den tantos derechos.

B. Pasan los años y, para el ciudadano medio el delincuente es una víctima de la sociedad.

Pues no... El criminal es un sujeto antisocial y el Estado debe proteger a la víctima del delito hasta el final del proceso, y asegurarle unas mínimas garantías de restitución, reparación e indemnización de lo material y moral lesionadas por el delincuente.

¿Tú qué dices? 

Espero tu respuesta…

Capitán Escarlata.

Capescarlata@tagoror.net