Con el apoyo de la derecha, o miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nombrados por el Partido Popular, el desconocido juez Javier Gómez Bermúdez se impuso a Baltasar Garzón como presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Dicho así, parecería una mera pugna, una más, dentro de estas oposiciones o batallas que se libran en la judicatura. Sólo que, en este caso, la sorprendente decisión del Consejo General tiene unas consecuencias clarísimas (y que han pasado bastante inadvertidas) en los dos casos judiciales que amenazan al hombre más rico y posiblemente más poderoso de España, Emilio Botín: los presuntos delitos fiscales en el producto financiero de las cesiones de crédito y las indemnizaciones percibidas por José María Amusategui y Ángel Corcóstegui. Y es que una vez que la juez de instrucción Teresa Palacios termine con ambos sumarios, lo cierto es que ambos casos se verán en juicio oral en la Sala Penal y, muy probablemente, en su Sección Primera.
Esa Sala estaba presidida por Siro García, que se marcha al Supremo tras una tormentosa relación con la cúpula de la Audiencia. Era la gran oportunidad para que Baltasar Garzón presidiera una sección clave en la judicatura española. La que, en pocas palabras, podría llevar a prisión a Emilio Botín. Muchos decían que era un puesto hecho para don Baltasar, pero, sorprendentemente, el cargo ha recaído en un hombre como Gómez Bermúdez, al que sus compañeros califican como mucho más moderado y menos amigo de protagonismos que Garzón Imperator.
Por el contrario, los contrarios al banquero cántabro consideran que la incorporación del conocido abogado Horacio Oliva al equipo jurídico que defiende al presidente del Santander podía resultar contraproducente para sus intereses. A fin de cuentas, como alguien dijo, todos los clientes de Horacio Oliva han salido bien librados con Garzón.
Porque esa es otra. El equipo de penalistas que asesora a Emilio Botín en los dos casos no cabe en un autobús. Por una parte, está Gonzalo Rodríguez Mourullo, el mencionado Horacio Oliva, el inefable Matías Cortés (que ha dejado de dormirse durante las vistas) y ahora se acaba de sumar González Cuéllar, el mejor amigo de otro juez inefable: Enrique Bacigalupo. El segundo hecho de importancia acaecido en el largísimo periplo judicial de Emilio Botín es el cambio de actitud del nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. Como se recordará, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, había jugado a favor de los intereses de don Emilio Botín al solicitar, reiteradamente, el sobreseimiento tanto del caso de las cesiones como el de las indemnizaciones. El cambio de Gobierno y de fiscal, a partir del 14-M, ha provocado también un cambio de actitud. Así, en respuesta a una carta dirigida por el abogado Iván Hernández, de la Asociación de Defensa del Inversor, recuerda que ha sido la fiscalía de la Audiencia Nacional quien solicitó el sobreseimiento de las actuaciones, pero que en todo caso, la solicitud de archivo deducida por el Ministerio Fiscal no puede considerarse definitiva, ya que puede verse modificada en posteriores trámites procesales, al valorarse por el Ministerio Fiscal de conformidad con los principios de legalidad e imparcialidad, los datos que en cada momento obren en la causa. En román paladino, que Conde Pumpido podría enmendarle la plana a Fungairiño y volverse contra Botín en ambos pleitos.
Especial importancia tiene esto en las cesiones de crédito. No debemos olvidar que se trata de un presunto delito contra la Hacienda pública, por lo que debería ser el Estado el más interesado en aclarar las posibles responsabilidades de Emilio Botín y del banco Santander.
Y todo esto tiene una lectura política, dado que los comunistas catalanes de IC, aliados de los socialistas en el Gobierno catalán, son parte acusadora en el caso de las cesiones y han solicitado (en el Congreso de los Diputados y a través de su representante Joan Herrera) que el Gobierno Zapatero enmiende la plana al Ejecutivo Aznar. En otras palabras, que el abogado del Estado también se persone en la causa.
Respecto a las fechas, la juez Teresa Palacios prosigue su pugna por hacerse con parte del sumario del 11-M frente a su compañero Juan del Olmo. Esto ha retrasado el último paso antes de la apertura del juicio oral en ambos procesos. Palacio tiene que dictar auto sobre las acusaciones presentadas por la Asociación de Defensa del Inversor y otorgar 30 días a los defensores de don Emilio. Al final, estamos hablando de un posible calendario, según el cual el juicio por las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui podría comenzar en el mes de enero de 2005, y, dos o tres meses después, el de las cesiones de crédito. Con una peculiaridad: este último, donde se solicitarán más de 200 testigos, será largo y los expertos calculan que no durará menos de un año.
¿Puede el presidente del banco más importante del país soportar la presión de un año de banquillo?
