Pero no del todo. En primer lugar, estamos hablando de blindajes, no de salarios, no de bonificaciones ni de ideas, ni de participación en beneficios, ni de pensiones, ni de seguros, ni de... todas las mamandurrias de consejeros y ejecutivos.
En segundo lugar no es el Estado quien debe fijar las retribuciones de los altos directivos y de la alta administración, sino los propietarios, los accionistas. El Estado, hacedor de leyes, sólo debe preocuparse de posibilitar los mecanismos legales para que los propietarios puedan ejercer su derecho. Insito: no basta con saber cuánto cobran los directivos, que no lo sabremos, sino de que sean los accionistas, los propietarios, quienes decidan esos salarios. Hoy en día no hemos completado ni la primera etapa en ningún país de Europa.
En cualquier caso, la costumbre es mejor que la ley y menos coercitiva. Debemos imponer la costumbre de que cada vez que se propone una reducción de empleo o una congelación de salarios, los directivos deben predicar con el ejemplo. Buen momento, éste, para practicar.
Eulogio López
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