El presidente argentino, Néstor Kirchner, mantiene dejes montoneros. Sólo así se explica la destitución de la cúpula militar nada más hacerse con la Presidencia de la República. El actual empecinamiento en el nombramiento de Carmen Argibay como miembro de la Corte Suprema no es sino un ejemplo de la ideología llevada a la política. Una ideología atea, o más bien antitea; feminista, o más bien pro-abortista; e izquierdosa, aunque sería más justo llamarla totalitaria. Todo un nombramiento para el máximo órgano judicial de la Argentina. De esta manera, Kirchner repite los denostados y criticados modos de Carlos Ménem demostrando la mentira de la teoría del progreso permanente.
Afortunadamente, el pueblo no digiere el rodillo de Kirchner. Aplaude su crítica feroz al capital "gallego" propietario de las privatizadas, pero condena el ejercicio de ideología montonera en pleno siglo XXI. De momento, 5.700 ciudadanos argentinos han presentado alegaciones al nombramiento de Argibay ante la mesa de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Argentina. La misma mesa que apenas ha recibido un centenar de adhesiones.
Y las cifras tienen su mérito, porque en plena sociedad de la información, la Administración argentina exige que dichas alegaciones se realicen por escrito haciendo constar nombre y apellidos, lugar de nacimiento y de residencia y una declaración jurada en la que se garantice que no existen razones que pongan en duda la objetividad de la alegación, así como que permanece ajeno a las causantes previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, la máquina de impedir se pone en marcha y, aún así, casi 6.000 ciudadanos argentinos saltan, con la pértiga de la paciencia, la burocracia paralizante de unos alumnos aventajados del "vuelva usted mañana".
¿Por qué tanta paciencia? Porque los argentinos no entienden cómo una declarada "atea militante" puede velar por el cumplimiento constitucional de una Carta Magna, que contempla a Dios creador como "fuente de toda razón y justicia". La aptitud moral de la candidata también es discutida por los argentinos que conocen que la familia de la señorita Argibay recibió 150.000 dólares americanos por su supuesta "desaparición", el 24 de marzo de 1976. La candidata sigue incluida como "desaparecida", a pesar de su gran relevancia pública y su evidente reaparición.
Pero es que, además, la señorita Argibay no ofrece la idoneidad jurídica para el cargo, toda vez que su desempeño profesional ha estado ligado al derecho penal sin haber desarrollado formación complementaria de postgrado ni publicaciones en revistas de investigación científica relevantes. Actualmente, sólo el 1 por mil de los asuntos que llegan a la Corte Suprema de Justicia son de materia penal. "Su postulación implicaría que el 20% de los jueces de la Corte serían penalistas para ocuparse de menos del 1 por mil de los casos a resolver", señaló recientemente el juez Eugenio Zaffaroni.
Aunque, sin duda, el asunto más polémico ha sido su encendida defensa feminista del "derecho al aborto": "Creo que la mujer tiene necesidad y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. En esta materia hay una posición mental totalmente retrógrada... Si seguimos prohibiendo la píldora del día después o no enseñamos a la gente cuál puede ser un método anticonceptivo seguro, no vamos a acabar con todas las muertes que se producen cada año por abortos hechos en condiciones terribles", señalaba a La Nación a principios del mes de enero. El discurso de Argibay es el mismo discurso de las feministas en todo el mundo. Se les olvida que no se trata de su cuerpo, sino de la vida de un tercero, indefenso, inocente y de grito silencioso.
Pero es que, además, la Constitución argentina, que Argibay debería de velar, incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, que obviamente incluyen la defensa legal del niño. La legislación argentina detalla en el artículo 2 de la ley 23.849, que se entiende por niño toda vida humana desde el momento de la concepción. Es decir, el nombramiento de Argibay como miembro de la Corte Suprema de Justicia significaría el "hara-kiri" de la misma Carta Magna. ¿La zorra en el gallinero?
