No fue esposado al ser detenido, como ocurrió con Francisco Javier GuerreroHoy es un día triste para el estado de derecho, ha manifestado el abogado del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, en prisión desde que este martes, a las 6:45 de la madrugada, la jueza Mercedes Alaya notificara a su defendido el auto de prisión por su imputación en el caso de EREs ilegales. Según el abogado del político detenido, éste "tiene la conciencia tranquila", y se ha enfrentado al auto con "entereza y ánimo". Alfonso Martínez del Hoyo ha señalado que "combatirá en derecho" la decisión de la juez Mercedes Alaya de enviar a Antonio Fernández a prisión provisional, comunicada y sin fianza. "No hay motivos" para hacerlo, ha declarado.
Se trata, ha señalado, de una medida "innecesaria y desproporcionada", ya que en opinión del letrado no existen "méritos", ha dicho de forma irónica, para que la juez ordenara el ingreso en la cárcel de su defendido. En la mañana de este martes, un furgón de la Guardia Civil ha trasladado sobre las 8,00 horas al exconsejero de Empleo a la cárcel de Morón de la Frontera. No se le ha esposado, lo que no ocurrió en el caso del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y su exchofer, Juan Francisco Trujillo, el mismo que aseguró que él y su jefe consumían veinticinco mil euros al mes en cocaína sufragada con el dinero de las ayudas oficiales a los parados.
Este pasado lunes, un día antes de la detención, tanto la Fiscalía Anticorrupción, como el PP, personado en la causa y el colectivo Manos Limpias pidieron prisión y el pago de una finaza de responsabilidad civil de 890 millones de euros.
La Junta de Andalucía pidió tan sólo que se le retirara el pasaporte, pagara 68 millones de fianza y que se personara semanalmente en los juzgados. Antonio Fernández está imputado por el supuesto en el libramiento 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis -la misma partida económica que el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, también en prisión, denominó 'fondo de reptiles'.
También está implicado en una supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo incentivados gracias a este acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Él mismo se prejubiló gracias a un ERE otorgado por las Bodegas González Byass al que dio el visto bueno un subordinado suyo en los tiempos en los que trabajaba como consejero. Acualmente presidía el Consejo de la Regulación de Origen de Jerez, cargo del cual ha dimitido tras conocerse su ingreso en prisión.
Sara Olivo
sara@hispanidad.com
Se trata, ha señalado, de una medida "innecesaria y desproporcionada", ya que en opinión del letrado no existen "méritos", ha dicho de forma irónica, para que la juez ordenara el ingreso en la cárcel de su defendido. En la mañana de este martes, un furgón de la Guardia Civil ha trasladado sobre las 8,00 horas al exconsejero de Empleo a la cárcel de Morón de la Frontera. No se le ha esposado, lo que no ocurrió en el caso del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y su exchofer, Juan Francisco Trujillo, el mismo que aseguró que él y su jefe consumían veinticinco mil euros al mes en cocaína sufragada con el dinero de las ayudas oficiales a los parados.
Este pasado lunes, un día antes de la detención, tanto la Fiscalía Anticorrupción, como el PP, personado en la causa y el colectivo Manos Limpias pidieron prisión y el pago de una finaza de responsabilidad civil de 890 millones de euros.
La Junta de Andalucía pidió tan sólo que se le retirara el pasaporte, pagara 68 millones de fianza y que se personara semanalmente en los juzgados. Antonio Fernández está imputado por el supuesto en el libramiento 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis -la misma partida económica que el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, también en prisión, denominó 'fondo de reptiles'.
También está implicado en una supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo incentivados gracias a este acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Él mismo se prejubiló gracias a un ERE otorgado por las Bodegas González Byass al que dio el visto bueno un subordinado suyo en los tiempos en los que trabajaba como consejero. Acualmente presidía el Consejo de la Regulación de Origen de Jerez, cargo del cual ha dimitido tras conocerse su ingreso en prisión.
Sara Olivo
sara@hispanidad.com
