El fiscal afirma en sus conclusiones que la regular formación del Tribunal tiene trascendencia de carácter constitucional. El responsable de la Sala I se ha empeñado en ser él quien presida el Tribunal que va a juzgar a Emilio Botín por las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui. La Audiencia tendrá que decidir ahora sobre la recusación presentada por el abogado Pérez Escolar.
Los servicios centrales del primer banco del país, el Santander Central Hispano (SCH), han sido trasladados a la localidad madrileña de Boadilla del Monte, sita a unos 10 kilómetros de la capital. Quizás por eso, y para facilitarles el transporte, no hay manera de ir en coche de Boadilla a Madrid sin dar un rodeo para que todos los automovilistas pasen por delante de la aparatosa entrada del Santander Central Hispano. Al menos, los trabajadores se ahorran unos 500 metros de trayecto, que deben cubrir el resto de los automovilistas que se trasladan al centro. E incluso ello no es óbice para que la frase más escuchada entre esos trabajadores esté extraída de la canción triunfadora en el Festival Eurojunior de televisión. En efecto, en el SCH, se repite sin cesar: Antes muerta que en Boadilla.
Sin embargo, su presidente, Emilio Botín, está feliz. Por una parte, ha conseguido su sueño dorado de nadar en una piscina sin temor a inundar el piso de abajo, como el ocurriera en la histórica sede de Canalejas, a 50 metros de la Puerta del Sol. Por otra, la actitud del juez Javier Gómez Bermúdez ha hecho que el banquero cántabro respire hondo. Bermúdez hizo valer su autoridad como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para expulsar de la Presidencia del Tribunal que iba a juzgar a Botín y ponerse él en su lugar. El asunto mereció una recusación por parte del abogado demandante, Rafael Pérez Escolar, quien apela a las irregularidades cometidas, así como a la enemistad personal de Gómez Bermúdez.
Pues bien, al final, el informe de la Fiscalía no acepta la recusación (figura que difícilmente sale adelante), pero sí los argumentos del solicitante, y propina al juez Bermúdez una clamorosa bofetada, por fondo y forma. En resumen, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha desautorizado al juez Javier Gómez Bermúdez, quien se había empeñado en presidir la Sala que va a juzgar al presidente del banco Santander, Emilio Botín, por el presunto delito social cometido al pagar al ex presidente José María Amusátegui, así como al consejero delegado, Ángel Corcóstegui, 44 y 110 millones de euros, respectivamente.
Bermúdez había afirmado que el fiscal le daba la razón. Lo cual es cierto, en cuanto rechaza la recusación, pero quizás olvidó estás palabras del informe:
La composición de un Tribunal, efectivamente, puede afectar a los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley, y al juez independiente e imparcial, así como el conocimiento por las partes de los magistrados que integran el órgano colegiado supone el comienzo del cómputo del plazo para ejercer el derecho de recusación. Es decir, la regular formación del Tribunal tiene trascendencia de carácter constitucional y de ley ordinaria, y el conocimiento inmediato de sus componentes es contenido del principio de transparencia que rige el proceso. Por ello, como deber genérico impuesto por el artículo 270 y con base en lo dispuesto en los artículos 198, 199 y 203 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículo 53,3 de la ley 39/1988 de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial, procede notificar en resolución aparte, de la Presidencia de la Sala, la composición del Tribunal y el criterio y razones de servicio tenido en cuenta para las designaciones.
Si expurgamos el retorcido lenguaje forense, lo que la Fiscalía está diciéndole al juez es que no puede modificar a conveniencia propia la composición de un tribunal sin que las garantías jurídicas resulten afectadas. Su invocación a la Constitución añade una especial gravedad al asunto.
Llueve sobre mojado, porque el Gobierno Zapatero ya ha apoyado a Botín desde el momento en que decide ausentarse, a pesar de ser la Hacienda Pública el principal damnificado, del caso de las cesiones de crédito, cuyo juicio está, asimismo, pendiente de apertura de juicio oral. Se conseguirá cuando se hayan acabado de fotocopiar los sumarios que deben enviarse a todos los encausados.
Y a nadie se le oculta que el caso de las cesiones de crédito es más duro que el de las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui: ¿Quién compondrá el Tribunal?
